Breve historia de la Educación en España

La globalización y la digitalización

La modificación sufrida por los nuevos modelos organizativos y la globalización^[1] deja la enseñanza reducida a una simple prestación de servicios. Su objetivo es la cualificación y adaptación de la fuerza de trabajo a los nuevos medios para producir la realidad social. Para ello establece parámetros utilitarios sobre el objeto, en este caso la población a educar y formar. Así, se establecen objetivos relativos a la adquisición de “habilidades”, “valores” y “competencias” mediante el aprendizaje haciendo especial hincapié en la competencia de “aprender a aprender”. O dicho de otro modo, se centra la atención —que no los medios— en adecuar la vida a la total disposición de la utilidad laboral,  técnica, empresarial, científica, etc. Algo que recuerda al hombre unidimensional de Marcuse, aunque de manera más sombría, si consideramos qué se presenta como alternativa a dicho sistema gerencial de educación, conocimiento y formación. El telón de fondo: rendimiento y beneficio como criterios fundamentales. 

Pero no nos engañemos, en el sistema público la aplicación de este sistema no busca formar a los futuros profesionales, trabajadores, etc. La intención y buena voluntad del profesorado no bastan. Lo público se adelgaza por momentos y nada hace pensar que vaya a crecer la inversión en los sistemas públicos. Por tanto, parece más bien una coartada para reflejar en todos los ámbitos la mentalidad gerencial, individualista y competitiva, reservando las inversiones para los centros privados en los que se podrán formar quienes dispongan de medios.

Nuestro país no es de los que sufren más está tendencia. Actualmente el gobierno del EStado posee cierta sensibilidad al respecto. Pero la transformación del modelo educativo y de formación parece imparable. Y viene acompañada de una “modernización”, esto es, de un despliegue de los medios técnicos y funcionales (tecnología digital, digitalización, IA, etc.) para adecuarse a la llamada “sociedad de la información”en un entorno global de mercado.

En nuestro país, dicho proceso se puso en marcha  —de manera más efectiva — en 2003 con el Programa de Incorporación de las Tecnologías de la Información, seguido de la creación de centros TIC. Tecnológicamente hablando, el proceso siguió en 2009, cuando en los centros se promueve la implementación de la tecnología WEB 2.0 en el Proyecto Escuela TIC 2.0 (web2.0). La web 2.0 era, en realidad, un simple formato interactivo virtual que había que rellenar de contenido. Los anteriores centros TIC disponían de una plataforma HELVIA, desde la que podían bajarse unidades educativas, ciertos contenidos y algunas utilidades. A partir de esa nueva tecnología, la idea se concretó en desarrollar las competencias básicas (lectura, escritura, etc.) por medio de la “competencia digital”. Sin embargo, la web 2.0 se movía gracias a iniciativas particulares de profesores y emprendedores con sus proyectos.

La competencia de “aprender a aprender”  —aún vigente y con valor preferente—  parte de la idea de que no es posible ajustar contenidos fijos a una sociedad moderna, lábil y variable. Se lanza así la estrategia prioritaria de dotar a los “clientes” o “usuarios” (servicios) y futuros proveedores y productores de medios de actualización en la formación y en aquellas habilidades ligadas al manejo de las nuevas tecnologías. De modo que se percibe como urgente lo instrumental y no lo sustancial. El mercado (incluido el laboral) y sus exigencias en I+D+i, (Investigación, Desarrollo e Innovación) aparece aquí como el único configurador de objetivos. El pensamiento técnico se impone sin dejar resquicio a lo propiamente humano (ficción de la libertad, inutilidades como la cultura, el arte, etc., pasan a un oscuro segundo plano).

En 2006 se aprueba la Ley Orgánica de Educación (LOE) que integra y deroga parcialmente las leyes anteriores, incluyendo partes de la LOGSE y la LOCE. Establece, según consta, un marco más “coherente y actualizado” para el sistema educativo español. Es decir, más acorde con los vientos empresariales y de adaptación al mercado global. Ese año se generalizó la implantación del 3G en España, se acabó de implantar internet y comenzaron los iPhone inaugurando los teléfonos inteligentes. Y al tiempo que se aceleraba la “comunicación” se establecía una organización diseñada para la competición y se incluían valores estándares difundidos desde Europa: “solidaridad”, “inclusión”, “igualdad de género”, etc. Por desgracia, en ellos, la artificiosidad y la formalidad —dada la ausencia de debate público— priman sobre la realidad vivida social, escolar y académicamente.

Pese a todo, la ley LOE reorganizó el sistema educativo español añadiendo elementos progresistas: la Educación Infantil se dividió en dos ciclos: de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. La Educación Primaria se estableció desde los 6 a los 12 años, en seis cursos. Y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se estructuró en cuatro cursos, de los 12 a los 16 años, con carácter obligatorio y gratuito. Tras la ESO, el alumnado podía optar por el Bachillerato (dos años) o la Formación Profesional de Grado Medio.

Los aspectos progresistas (educación inclusiva, mayor atención a la diversidad, acento en la igualdad de oportunidades, atención a los alumnos con necesidades especiales, etc.) se veían empañados por estar redactada en un lenguaje cognitivo que reducía la enseñanza a una ciencia positiva. Esto significaba ceder la potestad a la experticia y dejar sin lugar el debate, las opiniones y las reflexiones de los profesionales.

Desde el comienzo la LOE se proponía “construir” perfiles de los alumnos atendiendo a las diferencias, a  los valores, recogiendo las supuestas demandas sociales multiculturales. La catalogación, ordenación y distribución en el sistema eran prioritarias. Horizontalmente, la competencia entre alumnos se manifestaba cada vez más descarnada. No por la ley, sino por el enfoque estructural de la enseñanza hacia el mercado laboral con un 40% de paro juvenil.

Los principios que sustentaban esta ley eran básicamente tres: 1) Una educación universal para todos “adaptada a sus necesidades”. 2) La necesidad de que “todos los componentes de la comunidad educativa colaboren”, naturalmente dentro del marco fijado por los nuevos modelos organizativos. Para ello se les dotaba de mecanismos de participación, aunque sesgados por la presión evaluativa. 3) Por último, se procuraba un tercer principio: la convergencia con los objetivos europeos.

Se potenciaba también la relación de la educación con el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, instrumento disponible en aquel momento para el chequeo del sistema. Se introducía, además, la materia de “Educación para la ciudadanía” en línea con la persecución de esa convergencia europea. Sin embargo, los temas candentes y problemáticos que atañen directamente a los jóvenes como sexualidad, drogadicción, ayuda solidaria, etc. que se habían integrado en los centros gracias a la LOGSE —que impulsó una educación integral, incluyendo aspectos de salud y convivencia en el currículo escolar— siguen realizándose, pero con monitores expertos desde los programas de la UE, al margen del profesorado y sin mayor debate, pues se considera que existe un saber científico o “experto” al respecto.

Se crearon los centros TIC desde los 5 años y se introdujo la Evaluación Inicial de Diagnóstico.

En 2008 se da un paso decisivo en nuestra comunidad hacia la implantación de los sistemas de control de calidad en educación. La ANECA ya existía, pero se constituye la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y se la dota de estatutos. Esta agencia, con amplias funciones sobre el sistema educativo, posee dos componentes básicos en su organización que repercuten en el funcionamiento. Por una lado, el componente político-administrativo, por otro, el técnico organizativo y supervisor.

La Agencia, al igual que sus otras análogas, dispone de un Consejo Rector, una Presidencia y una Dirección General. Pero quizá de mayor importancia es el El Consejo Asesor que informa al Consejo Rector o a la Dirección general. Concretamente lo importante es que este componente de la experticia reúne las siguientes competencias: 1) Elaborar propuestas de protocolos de evaluación y elaborar baremos. 2) Decidir los resultados de los procesos de evaluación y acreditación de la Agencia (juez y parte). Y 3) Elaborar los estudios de evaluación del sistema educativo y, tal vez, la determinante competencia de “asesorar al Consejo Rector”.

La existencia de esta Agencia, que encarna legal y funcionalmente los supuestos de calidad (modelo TQM) no es en detrimento de otras agencias evaluadoras que cumplen la función de una evaluación externa. Las agencias deben estar acreditadas por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). De hecho hay 25 acreditadas, aunque las más importantes son AENOR, (representante de España internacionalmente), la líder mundial SGS ICS Ibérica SA, la Bureau Veritas Certificación, la BNV, la Loys y Applus, etc. Todas ellas facultadas para evaluar organizaciones (también escolares) para concederles el certificado de calidad si son conformes a la NORMA ISO.

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013, promovida por el ministro José Ignacio Wert del Partido Popular, se ajustó aún más al modelo de gestión antes citado e introdujo evaluaciones externas al final de cada etapa educativa con reválida incluida al final de la Educación Primaria, de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y del Bachillerato.

Paralelamente, otras normas de carácter general también vinieron a condicionar la transformación de la enseñanza como “servicio”. La ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno fue clave para la introducción de la “productividad” en los servicios públicos. Pues establece mecanismos para la evaluación externa y la rendición de cuentas. También la ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas regula la actividad de los auditores de cuentas y otros servicios, incluyendo las auditorías externas del sector público para evaluar la eficiencia en la gestión de los recursos.

Por último, en 2020, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE. La LOMLOE o «Ley Celá» revisó y actualizó la LOE y la LOMCE, retomando la inclusión, la equidad y la “modernización” (tecnológica) del sistema educativo. Con respecto a la LOMCE, esta ley ha derogado varios aspectos, en primer lugar, ha eliminado las reválidas y los itinerarios diferenciados a partir de 3º de ESO, que en la LOMCE orientaban a los estudiantes hacia la Formación Profesional o el Bachillerato. En ella, la ESO vuelve a tener un currículo común para todos los estudiantes con opciones de diversificación que no segmentan tan tempranamente a los alumnos. Y con relación a los más pequeños, refuerza el carácter educativo del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), aunque no lo hace obligatorio.

Por otra parte, la LOMLOE introduce en Primaria y Secundaria una mayor flexibilidad en la promoción de curso permitiendo que los alumnos con materias suspendidas puedan pasar de curso si el equipo docente lo considera oportuno. La ley flexibiliza la modalidad de Bachillerato y permite a los estudiantes optar por itinerarios más personalizados. Además, establece la posibilidad de obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa en casos excepcionales.

En cuanto al currículo y la evaluación pone el acento en las “competencias básicas” como la competencia digital y la competencia en “comunicación lingüística”. Igualmente, refuerza la evaluación continua y elimina las pruebas de evaluación externas al final de cada etapa (Reválidas), aunque mantiene evaluaciones de diagnóstico en tercero y sexto de Primaria y en cuarto de ESO, pero sin carácter académico. Reintroduce en el currículum de Primaria y Secundaria, como factor de convergencia con Europa, la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos e intenta una mayor inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios, con el objetivo de que el 100% de estos alumnos puedan estar escolarizados en centros ordinarios para 2025.

Por otro lado, la LOMLOE establece que los centros que segregan por sexo no puedan recibir financiación pública, y refuerza la enseñanza y el uso de las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas con lengua propia. Así mismo, promueve la igualdad de género y la coeducación eliminando contenidos sexistas de los currículos y materiales educativos. La ley pretende ofrecer mayor autonomía a los centros educativos para adaptar los currículos a las necesidades de su alumnado, aunque naturalmente, esto depende de la financiación disponible.  Se refuerza el papel de los Consejos Escolares, dándoles mayor poder de decisión en la gestión de los centros.

La ley trata también de fomentar la Formación Profesional Dual, que combina la formación en el centro educativo con la formación en la empresa. Aspectos estos que deberían tener una mayor transparencia social. Otro aspecto positivo es que facilita el acceso a la Universidad para los titulados de FP.

Con relación al funcionamiento, se refuerza la labor de la inspección educativa para garantizar el cumplimiento de la ley y se promueve una planificación de la oferta educativa más ajustada a las necesidades del entorno. Estas “necesidades del entorno” siguen pareciendo retóricas, pues no se sabe muy bien a qué corresponden.

Así, mientras que la LODE estableció los principios básicos del derecho a la educación y la participación democrática en la gestión escolar, las leyes posteriores (LOGSE, LOCE, LOE, LOMCE y LOMLOE) han ido integrando y homologando con Europa el sistema educativo español. Habría que analizar si el modelo al que se dirige Europa se despega lo suficiente del modelo empresarial de organización para poder albergar las peculiaridades que el “servicio” de Educación requiere, más allá de la eficiencia productiva y la aplicación mecánica de servicios.

Es importante considerar que se trata de “un servicio” —la dimensión del “don” con la consecuente deuda simbólica ha desaparecido—  en el que lo manejado no son objetos, sino personas en formación. El “factor humano” debe pesar en las instituciones. Y éstas, en tanto prestan ese “servicio”, deben preservar lugares para la escucha y el deseo; para el don, la deuda simbólica y la gratitud. Esto en absoluto va en contra de la responsabilidad, al contrario, la afianza. Quizá por esta razón sean necesarios espacios de relación  —menos protocolizados— que permitan el flujo de ideas y afiancen el sentimiento de cohesión, de compañerismo, etc., en un marco de tolerancia y libertad.

Por otra parte, en el aspecto técnico, si la Web 2.0 supuso el primer impacto serio de la “modernización”, la aparición de plataformas y medios como Web 3.0 —también conocida como la web semántica— ha acelerado vertiginosamente el proceso de tecnificación, que no de aumento de la calidad. 

La Web 3.0 se centra en la capacidad de los sistemas para comprender y responder a datos complejos basados en el significado, en lugar de mostrar simplemente información. Por supuesto, la introducción de la IA —la inteligencia artificial— acelera aún más y provee de aplicaciones novedosas a la enseñanza facilitando el aprendizaje automático y el análisis de datos. Desarrollo que puede ir en dirección a una personalización de la experiencia educativa, o tomar otros derroteros menos deseables.

Actualmente, las Plataformas de Aprendizaje Adaptativo, teóricamente pueden ajustar el contenido y las actividades de aprendizaje en función del rendimiento y las necesidades del estudiante. También, personalizar el currículo, identificar brechas de conocimiento, optimizar el aprendizaje, así como otros usos: tutorías virtuales, sistemas de evaluación automatizados o análisis predictivo en estudiantes con riesgo de fracaso, etc. Plataformas y servicios que se integran en la IA, actualmente en proceso de expansión y quizá de privatización con los riesgos que ello conlleva.

Naturalmente todas estas plataformas presentan ya un troquelado en sus recomendaciones no exento de sesgo en los contenidos educativos recomendados y supuestamente adaptados a las necesidades y preferencias de cada estudiante. La Realidad Aumentada (AR) y la Realidad Virtual (VR) permiten a los estudiantes interactuar con entornos de aprendizaje inmersivos y tridimensionales: simulaciones de laboratorio, recorridos virtuales por sitios históricos, experiencias de aprendizaje interactivo en 3D, etc. En línea con esta tecnología está la Gamificación, que convierte en juego elementos y contextos no lúdicos para mejorar el compromiso y la motivación. Normalmente se basa en simples sistemas de recompensas, y adquieren la forma de competiciones inmersas en escenarios interactivos para el aprendizaje.

La administración educativa también está sufriendo un proceso de digitalización masiva, para bien y para mal, el Blockchain permite un registro descentralizado, útil en certificaciones y verificaciones de credenciales educativas, registros académicos seguros y transparentes, etc. El Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) permite conectar dispositivos físicos a Internet para recopilar y compartir datos. Su aplicación a la enseñanza pasa por el uso de dispositivos inteligentes en el aula para monitorear el progreso del estudiante, la automatización de la administración de recursos y la mejora de la seguridad del campus.

En este proceso imparable de globalización, los MOOCs (Cursos Masivos Abiertos en Línea) se ofrecen mundialmente en línea a través de plataformas como Coursera, edX y Udacity. Teóricamente, estas plataformas suponen el acceso a una educación de alta calidad de universidades y expertos de todo el mundo, aprendizaje flexible y autodirigido. Sin embargo, el control de sus contenidos está cada vez más alejado de la capacidad de decisión del “usuario”. Todas estas plataformas y tecnologías han seguido la estela abierta por la Web 2.0, ofreciendo herramientas más avanzadas y personalizadas para la enseñanza y el aprendizaje, y han contribuido a un entorno educativo cada vez más dinámico e innovador, pero no exento de peligros.

Quizá tenga sentido plantear algunos aspectos importantes a considerar:

• Una alfabetización digital que se adecúe más a la formación y no tanto al ocio. Salvar la brecha digital no sólo generacional, sino la relativa a la carencia de medios en la población más deprimida. Promover diseños de redes sociales distintos, más acordes con la auténtica comunicación y participación ciudadana. Tarea que debe implicar recursos y fuerzas gubernamentales europeas y no sólo nacionales. Promoción de la educación y formación complementaria en los medios de comunicación horizontales (redes sociales, etc.). 

Quisiera por último ofrecer a la consideración algunos aspectos que considero de interés para el futuro de nuestro sistema educativo:

• Garantizar en la educación básica y obligatoria un mínimo de valores a enseñar y promocionar entre los ciudadanos, producto de un amplio debate y un pacto europeo de mínimos, que contenga los cambios legislativos pertinentes.
• Establecer sistemas públicos de puesta al día del uso legítimo de las tecnologías.
• Establecer barreras cibernéticas al acoso, la violencia, los bulos y los insultos.
• Garantizar la seguridad cibernética en las áreas educativas y de investigación de manera continuada y eficiente.
• Regulación de delitos específicos del campo educativo, de la formación y la investigación.
• Orientar la competencia y formación del profesorado no sólo en medios pedagógicos,  tareas burocráticas y práctica docente, sino también en conocimiento del campo social externo de aplicación de su materia.
• Diseño del flujo de información y actualización en los conocimientos de la materia (contacto organizado, sistemático y fluido de todos los tramos de enseñanza con Universidades y profesionales)
• Límites a la privatización de los servicios y prestaciones que atañen a los derechos básicos.
• Revisión del modelo y criterios de evaluación de la calidad en Educación, que no sólo es un “servicio” a los ciudadanos, sino la base sobre la que se erige una sociedad.  Transparencia en el control de calidad, análisis de qué se evalúa, cómo se evalúa y cómo se pueden elevar propuestas de modificación o promoción de nuevas medidas y normas sobre el control de la calidad para que se incluyan en las agencias y organismos competentes.
• Evitar los efectos nocivos de polarización y radicalización en el terreno cultural y teórico, tales como la “woke culture”, la cultura de la cancelación, hermetismo identitario, etc.
• En una sociedad abierta y democrática debe existir diálogo, propuestas legislativas y derechos consolidados, pero también respeto a la norma y jerarquía según responsabilidades y competencias sobre lo que se decide. Este marco de convivencia debe quedar claro en la práctica e integrado en todos los niveles de enseñanza.

Habilitar (también en el horario) espacios de diálogo, reflexión y deliberación sobre el ejercicio de la profesión.

^[1] Se han descrito y explicado someramente en las anteriores secciones.