Breve historia de la Educación en España

La involución

Tras la Guerra Civil, el nuevo régimen del general Franco rechazó todos los logros de la enseñanza de la República. A la sombra del golpe, la educación encontró su fundamento en los viejos prejuicios, la superstición y los dogmas del catolicismo más rancio. Todas las materias impartidas en sus distintos niveles recibieron el mismo bombardeo doctrinario. El Estado intervino la educación y la usó como instrumento ideológico en dos sentidos: el religioso y el político. La Iglesia católica será el pilar del primero; la política el partido único, el horizonte del segundo. Desde el principio Franco decretó la unificación de la Falange Española de las JONS con la Comunión Tradicionalista Carlista (19 de abril de 1937), creando así el único partido legal y oficial del régimen conocido como FET de las JONS.

Acabada la guerra, la Falange controlaba ya la propaganda estatal y tenía influencia directa en la educación. Para la formación de las jóvenes y mujeres, la Sección Femenina creó numerosas escuelas y centros de adoctrinamiento. Esta organización, creada en 1934 por Pilar Primo de Rivera, colaboró con los sublevados aportando enfermeras, asistentes sociales y propagandistas, y proporcionó apoyo logístico y moral a las tropas franquistas. En 1937 se creó el Servicio Social de la Mujer, obligatorio para todas las mujeres solteras entre 17 y 35 años. Era similar al servicio militar masculino y, las jóvenes debían atender durante un tiempo actividades como la asistencia social, la educación y la sanidad. Su cumplimiento les permitía recibir el certificado necesario para acceder a ciertos empleos y actividades. La Sección Femenina también promovió actividades culturales y deportivas, organizando competiciones, eventos y cursos, para fomentar  el nacionalismo y la moral católica.

Para la formación de los jóvenes se creó el Frente de Juventudes en 1940 como una sección específica de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS). Su formación se inspiró en organizaciones juveniles similares de otros regímenes fascistas europeos, como las Juventudes Hitlerianas en Alemania. La organización promovía la práctica del deporte como medio de formación física e inculcaba la disciplina y la camaradería imbuidas de referencias y mitología fascista. Los campamentos de verano y las excursiones al aire libre servían para estrechar lazos y aprender alguna que otra técnica de supervivencia, algo de montañismo y habilidades manuales. Las charlas y clases alimentaban la grandeza del imperio español, la ranciedumbre religiosa, la nobleza y los principios del Movimiento Nacional. Para servir de modelos, los jóvenes debían prestar servicio comunitario ayudando en la cosecha, la construcción de infraestructuras o la asistencia a personas necesitadas desde la óptica ominosa de la caridad.

Fue esta operación política de unir iglesia católica y partido falangista la que consolidó el poder del dictador bajo una estructura única y centralizada. Pero la cohesión moral e ideológica mayor la alcanzó eliminando la disidencia y ofreciendo un lugar clave a los sectores más retrógrados de la iglesia: la educación. Pretendió con ello configurar cívica y moralmente a unos ciudadanos que dejaban de ser ciudadanos libres. Y fue la propia sociedad, embridada por la Iglesia trasmontana, quién asumió los costes y los efectos perniciosos de una educación privada y privada de libertad, pues la mayor parte de los centros pertenecían  a la Iglesia Católica, y el Régimen apenas hizo inversiones para crear otros nuevos. En la década de los años 40, el 50% de los centros eran privados y el otro 50% públicos; en la década de 1950, según un informe de la UNESCO publicado en 1959^[1], aproximadamente el 40% de los estudiantes de educación secundaria asistían a centros privados. Y un estudio de Santos Juliá sobre la educación en el franquismo destaca que a mediados de los años 60, el porcentaje de centros privados era aproximadamente del 35 o 40%.

El diseño del ciudadano pasaba por un discurso moral basado en la implacable represión sexual, la represión del cuerpo y del deseo de la mujer. Esta vigilancia impuesta, pero cada vez más socializada, profundizó la discriminación en la educación entre niños y niñas. Las niñas recibían una educación orientada a las tareas del hogar y la familia, mientras que los niños eran preparados con vistas a oficios, profesiones liberales, funciones públicas, laborales, etc. Ambos sexos tenían, como común denominador en sus currícula, la promoción de una norma social basada en valores de mera representación. No importaba qué pensaba o sentía el sujeto como tal, sino su representación, su estatus, acomodado a la bondad pacata y la simpleza patética. Para ensalzar a alguien, se solía decir, “es muy bueno”, “nunca ha hecho nada a nadie”. Igual suerte corría quien pasivamente veía pasar la vida sin dar clavo. Afortunadamente ese estado de beatitud no solía convencer a los jóvenes que siempre curioseaban su mundo, e indagaban su cuerpo y el ajeno. Y cuando encontraban tiempo y la falta de vigilancia se lo permitía, el mundo exterior para escándalo de las piadosas almas del nacionalcatolicismo. Así pues, con estas mimbres, el Estado cedió a la Iglesia el derecho de inspeccionar y hurgar en todos los niveles y centros de enseñanza, ocasión que aprovechó muy activamente para explayarse y consolidar su dominio mediante sucesivas leyes educativas.

La primera ley franquista sobre educación fue la Ley de Reforma de la Enseñanza Media de 20 de septiembre de 1938. En agosto de ese mismo año, en plena Guerra Civil, se había creado el Ministerio de Educación Nacional con el objetivo de reorganizar el sistema educativo de acuerdo con los principios del nuevo régimen. Su primer ministro, D. José Ibáñez Martín (1939-1951), fue quién dictó esta primera ley clave para la consolidación del nacionalcatolicismo. Durante ese periodo, los materiales educativos y los libros de texto eran censurados y aprobados directamente por el Ministerio del Régimen para asegurar que el contenido fuera acorde con sus principios ideológicos y morales. La ley fue confeccionada en estrecha colaboración entre falangistas y nacional-católicos, y vino a regular el sistema educativo promoviendo un nacionalismo español basado en la unidad y el tradicionalismo desde un férreo centralismo y una enseñanza directamente controlada desde el gobierno central. Conservaba la estructura anterior del bachillerato, pero bajo los nuevos valores pretendía homogeneizar los contenidos curriculares y la formación de los estudiantes desde una visión nacional-católica.

En efecto, el bachillerato siguió siendo de dos ciclos, un Bachillerato Elemental de cuatro cursos, y otro Bachillerato Superior con tres cursos más. Siendo éste último diferente al posterior PREU, pues aún no estaba estandarizado y el acceso a la Universidad variaba en condiciones según el territorio. Uno de los objetivos que se proponía, quizá el más importante aparte de ideologizar al personal, era excluir toda “idea subversiva” prohibiendo cualquier enseñanza, publicación o información que promoviera ideas contrarias al Régimen, incluyendo, naturalmente, el republicanismo, el laicismo y cualquier otra forma de crítica al sistema político establecido. A la formación moral y cívica se le concedía gran importancia con vistas a promover esta lealtad al Régimen, a los símbolos y, sobre todo, a la figura de Franco como líder nacional.

En 1953 aparece la Ley de Bases de la Enseñanza Media que consideró materias centrales las asignaturas “Clásicas y Humanísticas”, dando especial énfasis al estudio del latín, del griego y de otras materias humanísticas como la Lengua Española, que recogía a los clásicos de la literatura española y algunas nociones de gramática para “el correcto uso del castellano”. Las otras lenguas del territorio fueron excluidas del sistema. En Matemáticas se enseñaba los fundamentos de la aritmética, la geometría y el álgebra, aunque con bastante menos énfasis que la educación religiosa y patriótica. Historia y Geografía de España poseían un enfoque nacionalista glorificando el pasado imperial español y los logros del Régimen franquista, aparte de forzar a un conocimiento memorístico de los ríos de España, sus provincias, sus pueblos y su orografía. Como materia obligatoria se impuso la “Educación Religiosa y Moral” para vertebrar los valores y la más rancia doctrina de la Iglesia Católica; y en versión patriótica terrenal, la otra materia clave ideada por los falangistas a la que se la denominó “Formación del Espíritu Nacional”. Se hacía gala de la marca y se inculcaba con ella los principios del Movimiento Nacional y de la Falange Española, además de promocionar “el patriotismo” y la lealtad al Régimen franquista.

En estos años, la educación era sinónimo de disciplina rigurosa. El sistema educativo ponía el acento en la obediencia y el respeto a la autoridad, tanto en el ámbito escolar como en todas las facetas de la vida. Lo cual no impedía a quienes ocupaban cargos de responsabilidad ―dada la opacidad del Régimen ― saltarse las normas para satisfacer sus deseos más oscuros, naturalmente frente a sus subordinados, nunca frente a sus superiores. Por esta razón, la degradación y la corrupción adquirieron un carácter jerárquico y piramidal.

En general, los profesores eran considerados figuras de autoridad académica y moral, siempre que comulgaran con los valores del Régimen. Su selección y formación quedaba bajo el control ideológico más férreo gracias a la fuerte centralización de la administración educativa. Todo bajo la estrecha supervisión del Ministerio de Educación Nacional.

La enseñanza superior no estuvo menos vigilada. Acabada la guerra, en 1943, se dictó la Ley de Ordenación de la Universidad del Estado, por la que se regulaba la Universidad. Se “regulaba”, en el sentido de evitar que esta institución se convirtiera en un foco de desestabilización para el Régimen. Franco sabía que la Universidad aún guardaba sus cartas, por eso, la ley reforzaba el control del Estado sobre ella y la sometía a los principios y a la ideología del Régimen franquista. ¿Cómo? En primer lugar, estableciendo un nuevo estatuto para el personal docente que incluía los principios del “Movimiento”. De este modo se eliminaron contenidos que no se ajustaban a la visión oficial, promoviendo aquellos otros que sí lo hacían. Para ello se limitó la autonomía universitaria, asegurándose que las autoridades universitarias fueran leales al Régimen y se incluyeron disposiciones para mantener el orden y la disciplina dentro de las universidades. Las disposiciones dictadas tenían un sólo objetivo: la vigilancia ideológica sobre profesores y estudiantes. Se prohibió cualquier tipo de actividad política dentro de las universidades que no estuviera alineada con el Régimen. Las organizaciones estudiantiles independientes fueron disueltas y sustituidas por organizaciones controladas por el Estado. Las fuerzas de seguridad del Estado podían entrar e intervenir en las universidades para mantener el orden. Se controlaron estrictamente las asociaciones estudiantiles y las publicaciones universitarias. Cualquier publicación que no se ajustara a la ideología del Régimen era censurada o prohibida. Para ello se estableció un sistema de inspección y vigilancia de las actividades dentro de las universidades, que incluía la presencia de comisarios políticos encargados de garantizar que las universidades se mantuvieran en línea con las directrices del Régimen^[2].

Aunque el proceso de represión se llevó a cabo principalmente en los primeros años después de la victoria de las fuerzas franquistas en la Guerra Civil Española (1936-1939), éste continuó a lo largo de la dictadura con diferentes medidas, todas dirigidas a perpetuar el régimen. Una primera medida de calado para ello fue la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940^[3], que estableció el marco “legal” para perseguir a los simpatizantes de “la masonería” y “el comunismo”. Naturalmente, con ese marco legal, cualquiera que se mostrara disconforme podía entrar en el saco de “masones” o “comunistas”. De hecho hubo muchos docentes identificados como masones, comunistas o simpatizantes de la República a los que se les prohibió la docencia y fueron destituidos de sus cargos como el poeta Antonio Machado, María Moliner, el maestro y director de escuelas en Madrid, Justino Sinova, la profesora y activista Dolores Rivas Cherif, el poeta Vicente Aleixandre, etc., etc., etc., cuando no, directamente ejecutados.

Otra medida relevante fue la creación de “comisiones de depuración” por Decreto de 8 de noviembre de 1936, en las distintas provincias españolas, para “evaluar la conducta política y moral de los funcionarios públicos”. Se introdujeron también criterios para valorar la adhesión al régimen franquista, la participación en actividades políticas anti-régimen o la simpatía hacia la República. En este primer decreto sólo se establecía la necesidad de depurar a aquellos considerados “desafectos” al nuevo régimen. Pero en la Orden de 10 de enero de 1937 se especificaba que todo funcionario debía mostrar adhesión al Régimen. Y en caso de pertenecer a Falange Española u a otras organizaciones afines al Régimen franquista, se anotaba un punto a su favor. Debía estar libre de cualquier actividad pasada o presente opuesta al Régimen, es decir, no haber pertenecido a sindicatos o partidos republicanos, comunistas, socialistas, anarquistas, o tener o haber tenido cualquier actividad política contraria al Régimen. Se inspeccionaba también el comportamiento tenido durante la Guerra Civil; qué acciones había realizado durante la guerra, si había apoyado al bando republicano, o si había tenido algún cargo o responsabilidad en la administración republicana. Se solicitaba del funcionario público referencias y testimonios de compañeros, superiores y de vecinos sobre la conducta política y moral del docente. En fin, una norma paranoica para un régimen paranoico.

Los profesores debían presentar informes y certificados que demostraran su lealtad al Régimen, y la falta de estos documentos podía llevar a exclusión o a su destitución. Por otra parte, se elaboraron “listas negras” y de “control ideológico” de profesores considerados «peligrosos» por su ideología o afiliación política. Los incluidos en dichas listas se enfrentaban a su destitución o a otras represalias adicionales. Se rehabilitaron a algunos profesores que, aunque identificados como simpatizantes de la República, mostraban “arrepentimiento y adhesión” al nuevo régimen. Así, la humillación, la degradación y el oprobio, pasaron a ser condiciones de trabajo. En toda esta operación de purga promovida por el régimen, la Iglesia Católica colaboró activamente promoviendo una enseñanza doctrinaria y participando en la identificación de docentes considerados «peligrosos». De manera que se exigía culpa y transparencia al vencido, y se facilitaba la opacidad y el perdón de los pecados a quienes gobernaban.

La depuración del profesorado^[4] tuvo un efecto devastador en la educación española. Provocó la pérdida de pensamiento crítico, de talento y de conocimiento; Juan Negrín, Presidente del gobierno de la República de 1937 a 1939, médico y profesor de fisiología en Madrid,  Severo Ochoa, médico, fisiólogo y científico español, Premio Nobel en 1959, Rafael Altamira, historiador y jurista reconocido internacionalmente, una de las fuentes del surrealismo español, el director de cine Luis Buñuel, nuestro escritor sociólogo y ensayista, Francisco Ayala, y tantos otros, tuvieron que marchar al exilio. Otros fueron ejecutados  por el capricho y la irracionalidad de este régimen: Federico García Lorca, fusilado en Granada; Manuel B. Cossío, historiador de arte y director del Museo del Prado durante la Segunda República Española, ejecutado en agosto de 1936 en Madrid; el catedrático de Filosofía de la Universidad Central de Madrid Adolfo Muñoz Alonso, un defensor de la enseñanza laica y republicana, fusilado en agosto de 1936 en Madrid; Carmen de Burgos, periodista y feminista muerta en el exilio, Concepción Aleixandre Chover, maestra, sindicalista y activista en defensa de los derechos de las mujeres y en movimientos sociales progresistas, ejecutada en Valencia en 1940; Matilde Landa, maestra y dirigente comunista, luchadora antifranquista y en la defensa de los derechos de las mujeres, ejecutada en 1942 en Madrid, etc., etc., etc.. Pero la purga no sólo afectó a los directamente implicados, todo el sistema educativo español se vió desprovisto del motor intelectual y científico quedando aislado de los avances y conocimientos que se producían en Europa.

            Tras reorganizar conforme a sus intereses el sistema más conflictivo, el universitario, dos años después, tocó reformar la base del sistema. En 1945 se promulgó la Ley de Educación Primaria, por la que se establecía la obligatoriedad de la enseñanza primaria y se regulaba esta etapa. A la base, una moral rígida, la represión de todo lo que oliera a sexo y la radical separación entre la educación masculina y femenina; las niñas preparadas para casarse, los chicos, para emplearse en oficios, profesionales liberales, funcionarios, etc. Y aunque la ley no estaba específicamente dedicada a las órdenes religiosas, facilitó con mucho que las escuelas dirigidas por dichas órdenes recibieran el reconocimiento y apoyo estatal alineándose con la educación primaria pública.

En ese tiempo, la Universidad como institución cumbre siguió concebida como universidad católica y teniendo “como guía suprema el dogma y la moral cristiana”. Bajo su palio, sólo la suma de las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina, Farmacia, Ciencias Políticas y Económicas y Veterinaria. En 1953, el Sumo Pontífice Pio XII, y el Tío Sam Eisenhower, abrieron una rendija en las tinieblas. Pero los acuerdos con el Vaticano y los Estados Unidos siguieron manteniendo la confesionalidad y el predominio de la Iglesia, si bien, el patriota y el doctrinario político pasaron a segunda fila.

En este periodo, la dimensión técnica y pedagógica adquiere cierto relieve y algunos médicos y abogados ejercen y lucen su saber en el teatro de las vanidades. Otros, en la sombra y en silencio, curan y luchan por una sociedad más libre. En ese año de 1953, la Ley sobre Ordenación de la Enseñanza Media reestructuró nuevamente la educación secundaria, estableciendo el Bachillerato Elemental y Superior con reválidas al final de cada ciclo. En esos años se lanzaron campañas de alfabetización y mejora de la educación básica, naturalmente, con un fuerte componente ideológico. Tímidamente se vino a atender la calidad intelectual introduciendo ―como dijimos― las materias “clásicas y humanísticas”. De modo que ese cauteloso interés por la realidad educativa, se reflejó en la ley de 1953 sobre Construcciones Escolares. Ley que estableció un sistema regulado entre administraciones del Estado, ayuntamientos y diputaciones para la construcción de escuelas. Poco después, en 1955, el despliegue económico forzó al régimen a una ley sobre Formación Profesional Industrial. Sin embargo, pese al encandilamiento tecnológico, la Iglesia siguió presidiendo y medrando.

^[1] Un informe exhaustivo en: González-Delgado, M. (2023). La UNESCO y la modernización educativa en el franquismo: Origen y desarrollo institucional del programa Education for International Understanding en España (1950-1975). Revista Internacional de Teoría e Investigación Educativa, 1 (1), 1-13. ttps://dx.doi.org/10.5209/ritie.85209

^[2] “Represión  franquista del profesorado universitario”, Marc Baldó Lacomba, universitat de valènciaCuadernos del instituto antonio de nebrija, 14 (2011), 31-51

^[3]https://archivodemocracia.ua.es/es/represion-franquista-alicante/documentos/la-represion-franquista-en-la-provincia-de-alicante/ley-de-represion-de-la-masoneria-y-el-comunismo.pdf

^[4] Martín Zúñiga, F., Grana Gil, I., & Sanchidrián Blanco, C. (2011). La depuración franquista de los docentes: control y sometimiento ideológico del profesorado de instituto. Historia De La Educación, 29, 241–258. Recuperado a partir de https://revistas.usal.es/tres/index.php/0212-0267/article/view/8168