{"id":896,"date":"2013-11-29T03:24:37","date_gmt":"2013-11-29T03:24:37","guid":{"rendered":"https:\/\/olvidosdegranada.es\/?p=896"},"modified":"2020-12-18T09:35:10","modified_gmt":"2020-12-18T09:35:10","slug":"mas-derecho-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/olvidosdegranada.es\/index.php\/2013\/11\/29\/mas-derecho-penal\/","title":{"rendered":"M\u00e1s Derecho Penal"},"content":{"rendered":"\n

Enga\u00f1o y crueldad<\/h3>\n\n\n\n

La sociedad presiona al legislador para crear nuevos delitos, agravar las penas y endurecer su forma de cumplimiento. Las leyes penales que dan respuesta a estas exigencias son productos enga\u00f1osos, defectuosos y crueles.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

\n

Los debates sobre pol\u00edtica y econom\u00eda son habituales. Se polemiza con energ\u00eda pero, en cierta medida, est\u00e1n presididos por una pretensi\u00f3n de racionalidad que nos permite comprender el problema, sopesar los puntos de vista y sus pros y contras. Sin embargo, cuando se discute sobre asuntos penales nos expresamos con vehemencia, desde posiciones inamovibles e impermeables a la compresi\u00f3n. Tengo experiencia en ello. La mayor\u00eda de las controversias sobre casos penales de trascendencia p\u00fablica en las que participo acaban en un callej\u00f3n sin salida con alguna de estas cuestiones: \u00bfC\u00f3mo es posible que semejantes conductas no est\u00e9n recogidas en el C\u00f3digo Penal? \u00bfC\u00f3mo puede ser que finalmente no se haya condenado a ese criminal? \u00bfPor qu\u00e9 cumple una pena tan leve y de esa forma tan benigna? Indico que existen motivos que explican la respuesta penal que critican. Se\u00f1alo que hay otros mecanismos legales de soluci\u00f3n del conflicto que no implican una privaci\u00f3n de libertad, que es necesario probar los hechos que se imputan, que la pena tiene una extensi\u00f3n limitada. Mis respuestas no convencen. El problema puede estar en mi forma de exposici\u00f3n, sin duda demasiado t\u00e9cnica, no obstante, no se comparten las razones que aduzco porque son incompatibles con las necesidades de justicia y de seguridad de mi interlocutor.<\/p>\n\n\n\n

Esta situaci\u00f3n no me extra\u00f1a en absoluto. Una permanente sensaci\u00f3n de insatisfacci\u00f3n punitiva domina la percepci\u00f3n comunitaria de la actuaci\u00f3n penal. Se manifiesta de dos formas.<\/p>\n\n\n\n

1. \u00bfQu\u00e9 es lo que esper\u00e1bamos?<\/p>\n\n\n\n

Nuestra sociedad reclama una soluci\u00f3n punitiva de los problemas. Se afirma que \u00fanicamente quedan resueltos si existe una respuesta penal. El origen y la perpetuaci\u00f3n del conflicto se imputa a menudo a una intervenci\u00f3n penal tard\u00eda o deficiente (curiosamente la opini\u00f3n p\u00fablica conf\u00eda en el poder del Derecho penal para cambiar la realidad al tiempo que ha perdido su fe en el Estado intervencionista).<\/p>\n\n\n\n

La percepci\u00f3n de la insuficiencia de la actuaci\u00f3n penal nos contrar\u00eda y se reprocha al legislador su incapacidad con la amenaza de costes electorales.  El gobierno, ante el temor a enfrentarse a un auditorio del que depende su futuro, decide engordar el C\u00f3digo Penal con nuevas conductas delictivas. M\u00e1s Derecho penal, pero \u00bfes lo que esper\u00e1bamos? Desde luego que no.<\/p>\n\n\n\n

(i) Se ha calmado el ansia del auditorio pero con un producto enga\u00f1oso<\/strong>. Se basa en una visi\u00f3n adulterada de las cosas. No busca solucionar los problemas.<\/p>\n\n\n\n

Nuestro miedo al delito no coincide con la realidad. Los medios de comunicaci\u00f3n eligen qu\u00e9 acontecimientos son noticiables, y dejan otros fuera, suelen dar una visi\u00f3n descuidada y simplista de las manifestaciones delictivas, eluden dar el tratamiento de \u00abproblema social\u00bb a la delincuencia y nos presentan un debate en el que no aparecen todas las propuestas de soluci\u00f3n. Las fuentes oficiales y partidos pol\u00edticos tambi\u00e9n colaboran en este proceso de selecci\u00f3n de los conflictos delictivos y de seguridad ciudadana, informan sobre su estado y aportan propuestas de soluci\u00f3n, con el objetivo de justificar su actuaci\u00f3n y\/o criticar al enemigo pol\u00edtico. La imagen final del problema y de las posibilidades de acci\u00f3n siempre resulta distorsionada. Por ejemplo, es indudable que la concentraci\u00f3n de los medios de comunicaci\u00f3n en los homicidios genera una gran preocupaci\u00f3n por los delitos contra la vida. Lo que seguramente  no sabemos es que su n\u00famero es m\u00ednimo (387 homicidios y asesinatos dolosos consumados en el 2011, 14 menos que en el 2010) y que la tasa de criminalidad por estos delitos es inferior a 0,01 por cada 1.000 habitantes  (0,0082 en el 2011. Fuente: http:\/\/www.interior.gob.es\/file\/55\/55620\/55620.pdf<\/a>). Del mismo modo conocer que Espa\u00f1a es uno de los pa\u00edses donde menos cr\u00edmenes se registran en el mundo (la tasa de criminalidad en el 2009 era de un 45,8 por 1000 habitantes, una de las m\u00e1s bajas de Europa: inferior a la de Francia 56,4, Alemania 73,8, Reino Unido 77,7 o Suecia 151,9 entre otros pa\u00edses) posiblemente ayudar\u00eda a incrementar la sensaci\u00f3n de seguridad.  En cambio, hay temas que no inquietan. Por ejemplo, apenas son noticia los delitos laborales (que no acaben con la muerte o la lesi\u00f3n del trabajador). No interesan. En ello insiste el Ministerio del Interior, que en sus balances o evoluciones breves de la criminalidad no informa sobre este \u00edtem. \u00bfDe verdad que en un momento de crisis econ\u00f3mica como la actual no resulta relevante saber que la imposici\u00f3n de las condiciones laborales \u2013art. 311 CP- puede ser delito y cu\u00e1l es su evoluci\u00f3n o que nunca se ha aplicado el delito de reiteraci\u00f3n en la discriminaci\u00f3n laboral \u2013 art. 314 CP -?<\/p>\n\n\n\n

La reforma penal no resuelve el problema estructural, ni siquiera el personal, que subyace tras cada delito. Las leyes creadas tampoco lo pretenden. Su funci\u00f3n es distinta. Persiguen generar un cambio en los climas de opini\u00f3n. Que vuelvan a ser favorables al gobierno. Se trata de mostrar su aptitud mediante un producto que aumente la sensaci\u00f3n de seguridad y confianza en el sistema, que trasmita una impresi\u00f3n de actividad y de tolerancia cero. \u00bfC\u00f3mo nos podemos creer que una ley por s\u00ed sola puede tener efecto y, adem\u00e1s, de manera inmediata? Y sin embargo lo hacemos. Ello tiene un coste. Este truco de magia nos distrae, nos ayuda a dejar de ver que el conflicto persiste, que la ausencia de una pol\u00edtica social facilita el desarrollo de un sistema represivo contra los marginados en nombre de la seguridad interior, que la soluci\u00f3n de los problemas exige medidas de car\u00e1cter social, una modificaci\u00f3n de aspectos culturales y socioecon\u00f3micos, que no hacen falta penas sino un cambio en nuestra forma de pensar y actuar. Alternativas mucho m\u00e1s costosas en un sentido econ\u00f3mico y pol\u00edtico. Exigen un debate con la sociedad a la que hay que plantearle propuestas de soluci\u00f3n, inc\u00f3modas para algunos, que no producen un efecto inmediato. Requieren implementar las medidas seg\u00fan un plan racional, comprobar si han sido eficaces y asumir posibles costes electores. <\/p>\n\n\n\n

(ii) Por otro lado, las nuevas figuras delictivas creadas pueden ser un producto defectuoso<\/strong>. Su uso es dif\u00edcil y no siempre genera el resultado que buscamos.<\/p>\n\n\n\n

Con frecuencia se introducen art\u00edculos que, aunque tienen un evidente valor educativo, no colman lagunas punitivas porque las conductas a las que se refieren ya eran objeto de sanci\u00f3n penal. Esta duplicidad regulatoria origina conflictos t\u00e9cnicos de dif\u00edcil soluci\u00f3n y algunas paradojas.<\/p>\n\n\n\n

En ocasiones sucede que las conductas incorporadas al c\u00f3digo prev\u00e9n un marco penal inferior al mecanismo de soluci\u00f3n existente hasta ese momento. Por ejemplo, el CP de 1995 introduce el chantaje sexual como forma de acoso sexual,  sancionado actualmente por el art. 184.2 CP con una pena de 5 a 7 meses o multa de 10 a 14 meses. Ahora bien, el mismo comportamiento se puede  sancionar como una amenaza de un mal no constitutivo de delito del art. 171 CP con una pena superior (3 meses a 1 a\u00f1o o multa de 6 a 24 meses). Si se decide aplicar el art. 171 CP se vac\u00eda de contenido al art. 184 CP (del que s\u00f3lo queda su funci\u00f3n educativa y electoral). Si se opta por este \u00faltimo, por su especialidad, podemos afirmar que se trata, al imponer una sanci\u00f3n menor, de una soluci\u00f3n que privilegia al autor.<\/p>\n\n\n\n

Otras veces la falta de uso del tipo espec\u00edficamente creado se debe a que el comportamiento es objeto de sanci\u00f3n (o al menos deber\u00eda serlo) por otro art\u00edculo que contiene una agresi\u00f3n superior. Se puede ver con el siguiente caso. Un sujeto solicita favores de naturaleza sexual en el \u00e1mbito de una relaci\u00f3n laboral. M\u00e1s tarde realiza tocamientos y besos no deseados a la misma persona solicitada. La conducta m\u00e1s grave punible no ser\u00e1 el acoso sexual (prisi\u00f3n de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses, art. 184.1 CP) sino el abuso sexual (pena de prisi\u00f3n de 1 a 3 a\u00f1os o multa de 18 a 24 meses, art. 181.1 CP) que absorbe el acoso (que, no obstante, mantiene su autonom\u00eda cuando haya una cualificada situaci\u00f3n de persistencia y continuidad).<\/p>\n\n\n\n

\u00bfLa percepci\u00f3n de que no se est\u00e1n usando estas formas de acoso sexual, la figura penal que iba a resolver ese conflicto, no contribuye a desarrollar una sensaci\u00f3n de impunidad?<\/p>\n\n\n\n

2. \u00bfDemasiados derechos y penas leves?<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n genera insatisfacci\u00f3n la presunta indulgencia que el sistema presenta ante los delincuentes. Se afirma con rotundidad que los criminales disponen de demasiados derechos, que sufren penas leves, que se imponen de manera benigna. Ello se ha plasmado en una triple exigencia: el aumento de las penas, la diluci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas de los criminales, la intensificaci\u00f3n de la severidad en el r\u00e9gimen de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n

El legislador atiende estas peticiones. Responde a las demandas de justicia. C\u00f3mo negarse a ello cuando son realizadas por la masa electoral y, sobre todo, por las v\u00edctimas, especialmente por las de delitos violentos, especialmente por las del terrorismo. Satisface las ansias de seguridad de la sociedad: se accede a evitar la peligrosidad del delincuente mediante su inocuizaci\u00f3n aumentando el tiempo que pasa en prisi\u00f3n, creando mecanismos de control despu\u00e9s de esta. En este \u00e1mbito, se observa con mayor claridad c\u00f3mo la pol\u00edtica criminal, antes que por los expertos, es informada por las v\u00edctimas y por los que tienen miedo.<\/p>\n\n\n\n

Tenemos un derecho penal m\u00e1s severo, \u00bfpero era necesario? Con su actual configuraci\u00f3n \u00bfnos podemos seguir definiendo como un estado democr\u00e1tico de derecho? Debo dar una respuesta negativa a ambas cuestiones.<\/p>\n\n\n\n

(i)  La construcci\u00f3n de un sistema de reequilibrio de la justicia mediante el culto a una v\u00edctima que solicita justicia (entendida como venganza retributiva) da paso a pol\u00edticas conservadoras irracionales y emotivas. Se da un sentido retributivo a la pena. Es un castigo que restablece el sentimiento global de justicia y confirma la gravedad del dolor y la p\u00e9rdida sufrida por la v\u00edctima. Esta expiaci\u00f3n requiere la imposici\u00f3n de penas graves de forma severa. Los derechos del agresor no deben ser un obst\u00e1culo. \u00bfCu\u00e1l es el l\u00edmite de estas reclamaciones de justicia? No tienen techo. Ello es evidente en los delitos contra la integridad f\u00edsica. \u00bfQu\u00e9 precio tiene la vida? 20 a\u00f1os, 40 a\u00f1os, la cadena perpetua, todo es insuficiente. Incluso la muerte de un recluso ser\u00eda poco coste por la vida de varias personas.<\/p>\n\n\n\n

En un modelo tutelar en el que el Estado se encarga de resolver el conflicto entre v\u00edctima y agresor no se puede dejar en manos de la persona afectada la determinaci\u00f3n de la sanci\u00f3n (o el condicionamiento de la misma) pues se mueve por factores emocionales, por el odio y la venganza, no sometidos a una l\u00f3gica de derechos y garant\u00edas. Ahora bien, s\u00ed que se pueden garantizar las necesidades y derechos de las v\u00edctimas de modo que no colisionen con los derechos del imputado. Mediante  mecanismos de participaci\u00f3n en el proceso: incrementar el n\u00famero de delitos que exigen una denuncia; extender la eficacia del perd\u00f3n; mejorar la responsabilidad civil en el proceso penal; potenciar los procedimientos especiales de mediaci\u00f3n, etc. Y sobre todo a trav\u00e9s del amparo de las v\u00edctimas: programas de asistencia y compensaci\u00f3n, inclusi\u00f3n de la reparaci\u00f3n como sanci\u00f3n, desarrollo de la mediaci\u00f3n, etc. Actuaciones destinadas a la  desvictimizaci\u00f3n que pueden tener un elevado coste econ\u00f3mico. Apoyar la venganza privada es barato y, electoralmente, muy rentable.<\/p>\n\n\n\n

(ii) Nunca hemos tenido un sistema penal benigno. Se le puede acusar de ello porque establece un l\u00edmite m\u00ednimo (inicialmente decidi\u00f3 excluir las privaciones de libertad inferiores a 6 meses, art. 36.1 CP) y m\u00e1ximo de estancia en prisi\u00f3n (20 a\u00f1os, arts. 36.1 y 76 CP), porque mantiene un sistema de beneficios penitenciarios (permisos de salida, tercer grado, libertad condicional, arts. 90 y ss. CP) y de formas sustitutivas de la penas privativas de libertad (arts. 80 y ss.). Estos factores est\u00e1n orientados por los principios constitucionales (arts. 15 y 25.2 CE) de resocializaci\u00f3n y de humanidad de las penas. Se basan en la consideraci\u00f3n de que el delincuente sigue siendo un ciudadano que queremos reintegrar en la sociedad, objetivo que, adem\u00e1s, contribuye a la prevenci\u00f3n de futuros delitos. <\/p>\n\n\n\n

Sin embargo el C\u00f3digo penal, tambi\u00e9n desde su origen, viene condicionado por otros fines. Retributivos: el delincuente merece<\/em> sufrir penas graves impuestas de forma severa. Preventivos generales: hay que dar ejemplo a la sociedad e intimidar a potenciales delincuentes con la dureza de las sanciones. Y preventivos especiales negativos: hay que defender a la sociedad de los sujetos peligrosos mediante su internamiento prolongado. As\u00ed, el C\u00f3digo Penal que surge en el a\u00f1o 1995 preve\u00eda penas privativas de libertad que pod\u00edan llegar directamente hasta los 25 (asesinato cualificado, art. 140 CP) y 30 a\u00f1os (delitos de terrorismo causando la muerte de una persona, art. 572 CP). Tambi\u00e9n indirectamente, a trav\u00e9s del ascenso en grados de la pena por agravaciones, era posible alcanzar los 30 a\u00f1os (art. 70 CP). Establec\u00eda excepciones que permit\u00edan ampliar el l\u00edmite de la condena m\u00e1xima, cuando se hubieran cometido varios delitos, hasta los 25 y 30 a\u00f1os (arts. 76 CP). Fijaba un elevado periodo de cumplimiento de condena para poder disfrutar de la libertad condicional (tres cuartas partes, art. 90 CP). Incorporaba una cl\u00e1usula que autorizaba, de manera muy sutil, la desactivaci\u00f3n del resto de los beneficios al hacer depender sus plazos de la suma total de penas en vez de la condena m\u00e1xima (art. 78 CP). No recog\u00eda la posibilidad, prevista en el anterior C\u00f3digo penal, de reducir pena con el trabajo.<\/p>\n\n\n\n

Me detendr\u00e9 en este \u00faltimo aspecto, vinculado con la denominada doctrina Parot, cuya retirada, obligada, ha indignado a la mayor\u00eda de nuestra sociedad. El C\u00f3digo penal de 1995 elimin\u00f3 la posibilidad de reducir la condena m\u00e1xima por trabajos (un d\u00eda de condena por dos d\u00edas de trabajo) que preve\u00eda el C\u00f3digo penal de 1973 (art. 100). En virtud del principio de legalidad ello \u00fanicamente afectar\u00eda a los autores de delitos cometidos despu\u00e9s de su entrada en vigor (24.05.1996). Dicho de otro modo, la prohibici\u00f3n de retroactividad en perjuicio del reo (derivada del art. 25.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola) posibilitaba que el que hubiera realizado una conducta delictiva con anterioridad a esa fecha pudiera seguir disfrutando de dicho beneficio. A\u00f1os m\u00e1s tarde lleg\u00f3 el momento de liberar a los presos que hab\u00edan cumplido sus penas. Estas eran inferiores a los treinta a\u00f1os de  condena m\u00e1xima (art. 70 CP de 1973) al  descontar los d\u00edas abonados por el trabajo efectuado. Rondaban los veinte a\u00f1os. Era inaceptable. Hab\u00eda que construir una interpretaci\u00f3n que hiciera imposible usar este beneficio. \u00bfC\u00f3mo hacerlo? Imaginen el siguiente supuesto: un recluso est\u00e1 cumpliendo un conjunto de penas (por ejemplo cien a\u00f1os en total) pero s\u00f3lo puede estar en prisi\u00f3n treinta a\u00f1os. Para evitar que salga antes de llegar a ese l\u00edmite por el trabajo realizado el Tribunal Supremo decide que este beneficio no se debe descontar de la condena m\u00e1xima (es decir, de los treinta a\u00f1os), sino que se tiene que aplicar por orden a cada una de las penas impuestas. Si los cien a\u00f1os indicados se dividieran en cinco penas de veinte a\u00f1os y rest\u00e1ramos ocho a\u00f1os por trabajo, esta reducci\u00f3n se realizar\u00eda sobre la primera pena, que quedar\u00eda satisfecha a los doce a\u00f1os. Se pasar\u00eda a cumplir la siguiente pena de veinte a\u00f1os y as\u00ed sucesivamente hasta que el recluso saliera libre a los treinta a\u00f1os. No hace falta ser abogado para apreciar que este cambio jurisprudencial en la interpretaci\u00f3n del c\u00f3mputo de beneficios ocultaba una imposici\u00f3n retroactiva de la eliminaci\u00f3n del beneficio penitenciario. Semejante infracci\u00f3n del principio de legalidad se podr\u00eda esperar de una dictadura bananera, pero no de un Estado de derecho. Esta es la doctrina Parot. Este m\u00e9todo sutil ya fue utilizado por el legislador en el C\u00f3digo penal de 1995 al establecer la posibilidad de derogar el acceso a la libertad condicional. El art. 78 C\u00f3digo penal permit\u00eda medir el cumplimiento del requisito temporal de la libertad condicional (tres cuartas partes) no respecto a la condena m\u00e1xima (veinte a\u00f1os como regla general), sino respecto a la totalidad de las penas cuando la condena era inferior a la mitad de esta suma. De modo que si se impon\u00edan doscientos cincuenta a\u00f1os de c\u00e1rcel se pod\u00eda sostener  que \u00fanicamente ser\u00eda posible conceder la libertad condicional cuando cumpliera ciento ochenta y siete a\u00f1os y medio en prisi\u00f3n. Obviamente el recluso saldr\u00eda antes de cumplir ese tiempo. De esta forma tan c\u00ednica se desactiva la libertad condicional.<\/p>\n\n\n\n

La cara m\u00e1s severa del C\u00f3digo penal se consolida en posteriores reformas. Se reduce la condena m\u00ednima privativa de libertad (tres meses), se aumentan los requisitos para acceder al tercer grado (cumplimiento de la mitad de las penas superiores a cinco a\u00f1os) y a la libertad condicional, se impone de manera obligatoria la regla del art. 78 C\u00f3digo penal en algunos casos, se incrementan las penas de numerosos delitos, se prev\u00e9 una condena m\u00e1xima excepcional de hasta cuarenta a\u00f1os, etc. Deber\u00edamos estar m\u00e1s satisfechos. No es as\u00ed. Posiblemente porque desconocemos esta dureza, o porque no nos lo han explicado, o porque creemos (y pueden que nos hayan animado a pensar de este modo) que, como en un juego de suma cero, hay que privar al recluso de todos sus derechos para restablecer la justicia y la confianza en el sistema. No resulta extra\u00f1o, por tanto, la pr\u00f3xima reforma del C\u00f3digo penal que introducir\u00e1, por primera vez en democracia, la cadena perpetua mediante la instituci\u00f3n de la prisi\u00f3n permanente revisable (y la nueva regulaci\u00f3n de las medidas de seguridad con el \u00fanico l\u00edmite de la peligrosidad del delincuente). Dir\u00e1n que no infringe las prohibiciones constitucionales de tortura y penas inhumanas (art. 15 CE) porque prev\u00e9 la posibilidad de revisi\u00f3n (tras veinte y cinco a\u00f1os de cumplimiento en el mejor de los casos). Se dice que ello da al recluso una esperanza de liberaci\u00f3n que alivia y humaniza la pena. No es cierto. Representa (del mismo modo que el cumplimiento \u00edntegro de penas de hasta cuarenta a\u00f1os) una ejecuci\u00f3n de la pena privativa de libertad semejante a la tortura. \u00bfNo es precisamente eso lo que estaba pidiendo la sociedad insatisfecha? Al final todo ha contribuido a crear un Derecho penal omnipresente, un mecanismo de control que no resuelve problemas reales pero que calma a la sociedad, que act\u00faa como un instrumento de venganza, que reduce garant\u00edas y derechos para poder alcanzar esos objetivos. No nos preocupa. \u00bfHemos perdido acaso el miedo al poder represor del Estado? Ni siquiera nos lo planteamos. Simplemente creemos que lo que demandamos es necesario y que no ser\u00e1 utilizado en nuestra contra. Estamos convencidos de que esa legislaci\u00f3n represiva no nos alcanzar\u00e1. \u00bfSeguro? Si se detienen a leer el C\u00f3digo Penal quiz\u00e1 pierdan el sue\u00f1o durante un tiempo.<\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Enga\u00f1o y crueldad La sociedad presiona al legislador para crear nuevos delitos, agravar las penas … <\/p>\n

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