{"id":834,"date":"2015-02-27T00:21:43","date_gmt":"2015-02-27T00:21:43","guid":{"rendered":"https:\/\/olvidosdegranada.es\/?p=834"},"modified":"2020-12-17T11:02:45","modified_gmt":"2020-12-17T11:02:45","slug":"tambien-el-mercado-de-la-droga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/olvidosdegranada.es\/index.php\/2015\/02\/27\/tambien-el-mercado-de-la-droga\/","title":{"rendered":"Tambi\u00e9n el mercado de la droga"},"content":{"rendered":"\n

Presenciamos una escalada represiva con un reflejo normativo evidente: en diciembre de 2014 el Congreso aprob\u00f3, desestimando todas las enmiendas de la oposici\u00f3n, el Proyecto de Ley Org\u00e1nica de Protecci\u00f3n de la Seguridad Ciudadana; el Proyecto de C\u00f3digo Penal sigue su curso parlamentario, ralentizado quiz\u00e1s por los inminentes procesos electorales, etc. Sin embargo, las discusiones parlamentarias y las propuestas de lege ferenda<\/em> parecen haber sido cegadas por tanto destello emitido, qu\u00e9 duda cabe, por las cuestiones de orden p\u00fablico.  Iniciado el debate, el problema de las drogas \u2013pero tambi\u00e9n otros\u2013, su mercado y su consumo, brilla por su ausencia. A esto pretenderemos contrarrestar con las siguientes l\u00edneas.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

Leyes de seguridad ciudadana<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Llama la atenci\u00f3n que ni la vigente Ley Org\u00e1nica 1\/1992, de Protecci\u00f3n de la Seguridad Ciudadana (Ley Corcuera o \u201cde la patada en la puerta\u201d) ni el Proyecto de reforma (Ley Fern\u00e1ndez o \u201cmordaza\u201d) contemplen comportamientos relacionados con la droga entre las infracciones muy graves. Siempre constituyen infracciones graves.<\/p>\n\n\n\n

Tenemos que el art. 23.i) LO 1\/1992 establece como infracci\u00f3n grave (con plazo de prescripci\u00f3n, pues, de 1 a\u00f1o, seg\u00fan el art. 27):<\/p>\n\n\n\n

\u201ci) La tolerancia del consumo ilegal o el tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias psicotr\u00f3picas en locales o establecimientos p\u00fablicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos.\u201d<\/p>\n\n\n\n

El art. 25 de la citada ley completa el r\u00e9gimen sancionador del siguiente modo:<\/p>\n\n\n\n

\u201c1. Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, v\u00edas, establecimientos o transportes p\u00fablicos, as\u00ed como la tenencia il\u00edcita, aunque no estuviera destinada al tr\u00e1fico, de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias psicotr\u00f3picas, siempre que no constituya infracci\u00f3n penal, as\u00ed como el abandono en los sitios mencionados de \u00fatiles o instrumentos utilizados para su consumo.<\/p>\n\n\n\n

2. Las sanciones impuestas por estas infracciones podr\u00e1n suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituaci\u00f3n en un centro o servicio debidamente acreditado, en la forma y por el tiempo que reglamentariamente se determine.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Conque las sanciones actualmente en vigor consisten en la \u201cincautaci\u00f3n de los instrumentos o efectos utilizados para la comisi\u00f3n de las infracciones, y, en especial, de las armas, de los explosivos, de las embarcaciones de alta velocidad o de las drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias psicotr\u00f3picas\u201d (art. 28.1.c LO 1\/1992).<\/p>\n\n\n\n

Dicho de modo abreviado, el Derecho administrativo vigente opera en casos de consumidores o tenedores de droga cuando no se trata de \u201ctenencia preordenada al tr\u00e1fico\u201d. Seg\u00fan el Tribunal Supremo, ello depende de:<\/p>\n\n\n\n

  1. La cantidad de droga aprehendida, que rebasa la previsi\u00f3n de un consumo normal (>50 gramos de hach\u00eds; >8 gramos de hero\u00edna; 15 gramos de coca\u00edna). Entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 16 de junio de 2003 ha acogido el principio de insignificancia a la hora de determinar la atipicidad de la tenencia de drogas. La STS de 25 de junio de 2003 se expresa as\u00ed: \u201ccuando la droga aprehendida es tan insignificante que resulta incapaz de producir efecto nocivo para la salud, la acci\u00f3n carece de antijuridicidad penal aunque aparezca enmarcada en una acci\u00f3n de tr\u00e1fico\u201d.<\/li>
  2. La manipulaci\u00f3n realizada para aumentar su difusi\u00f3n comercial.<\/li>
  3. La disposici\u00f3n y el lugar donde fuera aprehendida.<\/li>
  4. Los instrumentos utilizados u ocupados junto a la droga.<\/li>
  5. Otros datos: organizaci\u00f3n (aunque sea elemental), circunstancias personales, de tiempo y lugar\u2026<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Aunque parece introducir una serie de cambios de actualizaci\u00f3n a los nuevos problemas, el Proyecto de reforma redefine considerablemente los contornos del Derecho administrativo sancionador. Criticado incluso por el Consejo de Europa[1]<\/sup><\/a><\/span><\/span> y el Consejo General del Poder Judicial[2]<\/sup><\/a><\/span><\/span>, se presenta en sinton\u00eda con el proyecto de C\u00f3digo penal que se est\u00e1 tramitando en las Cortes. Como es sabido, en \u00e9ste desaparecen las faltas, convirti\u00e9ndose unas en delitos leves y otras pasando al \u00e1mbito de las infracciones administrativas. De suerte que determinados comportamientos dejan de ser sancionables en el \u00e1mbito penal y pasan a serlo en el \u00e1mbito administrativo.<\/p>\n\n\n\n

    A simple vista la reforma se antoja positiva, respetuosa con el principio de intervenci\u00f3n m\u00ednima del Derecho penal. No obstante, implica dotar al Derecho administrativo de un car\u00e1cter fuertemente sancionador y basado en el concepto de seguridad ciudadana como orden p\u00fablico, al estilo liberal decimon\u00f3nico[3]<\/sup><\/a><\/span><\/span>. El consumo de drogas constituir\u00eda un delito de peligro abstracto porque, por parafrasear a G\u00fcnther Jakobs (1997: 323), provoca un \u201cpeligro de da\u00f1os futuros, que son por su parte a\u00fan dominables<\/em>\u201d. Es cierto que la represi\u00f3n de este tipo de conductas ha pasado al plano administrativo, en una suerte de metamorfosis o traslaci\u00f3n de la filosof\u00eda del Derecho penal del enemigo. Seg\u00fan Jakobs (1997: 322), \u00e9ste \u201cs\u00f3lo se puede legitimar como un Derecho penal de emergencia que rige excepcionalmente\u201d. \u00bfQu\u00e9 ha ocurrido entonces en Espa\u00f1a?<\/p>\n\n\n\n

    La Ley Fern\u00e1ndez es claramente una Ley Mordaza \u00f3 Anti-15M, es decir, de represi\u00f3n de las tradicionales y nuevas formas de protesta social (calificadas como infracciones muy graves). Da paso a lo que podr\u00edamos calificar como Derecho Administrativo Sancionador del Enemigo. Con la reforma que nos ocupa, algunos de los supuestos que raramente son constitutivos de delito (el cultivo de droga, entrega gratuita de drogas a consumidores habituales, autoconsumo compartido\u2026) constituir\u00e1n infracciones administrativas graves, mientras que las relacionadas con protestas y manifestaciones de malestar social entra\u00f1ar\u00e1n infracciones muy graves, lo que tiene un reverso sancionador distinto cualitativa y cuantitativamente:<\/p>\n\n\n\n

    1. El consumo de bebidas alcoh\u00f3licas en lugares, v\u00edas, establecimientos o transportes p\u00fablicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.<\/li>
    2. El traslado de personas, con cualquier tipo de veh\u00edculo, con el objeto de facilitar a \u00e9stas el acceso a drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias psicotr\u00f3picas, siempre que no constituya delito.<\/li>
    3. La ejecuci\u00f3n de actos de plantaci\u00f3n y cultivo il\u00edcitos de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias psicotr\u00f3picas, no constitutivos de delito.<\/li>
    4. Forzar o inducir a otros, especialmente a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protecci\u00f3n, mediante el empleo de la violencia f\u00edsica, intimidaci\u00f3n o enga\u00f1o, al consumo o a la tenencia il\u00edcitas de  drogas t\u00f3xicas, estupefacientes, sustancias psicotr\u00f3picas o de bebidas alcoh\u00f3licas cuando no sea constitutivo de delito.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

      \u00bfQu\u00e9 pasa con el mercado de la droga?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Cabe formular la siguiente pregunta: puestos a seguir la doctrina del Derecho penal del Enemigo, \u00bfpor qu\u00e9 no endurecer el ordenamiento jur\u00eddico en materia de drogas a trav\u00e9s de la misma, instalada en nuestro ordenamiento jur\u00eddico para el caso de terroristas y, aunque en menor medida, para supuestos exacerbados de organizaciones criminales (narcotr\u00e1fico, trata de personas, etc.)? Antes de nada hay que recordar el trasvase de los principios y reglas de la teor\u00eda del enemigo al Derecho administrativo. Pero maticemos la respuesta.<\/p>\n\n\n\n

      Quiz\u00e1s el empleo de dicha t\u00e9cnica demostrar\u00eda precisamente su nula efectividad disuasoria pese a la merma de los pilares del Estado de Derecho. Es m\u00e1s: tal maniobra podr\u00eda no contentar a la corriente de opini\u00f3n favorable a lo que grosso modo<\/em> conocemos como populismo punitivo. \u00c9ste, probablemente, no est\u00e9 tan a favor de eso.<\/p>\n\n\n\n

      Porque en general prevalece la preocupaci\u00f3n por las consecuencias que el mercado de droga acarrea desde el punto de vista de la delincuencia visible<\/em>, esto es, del orden p\u00fablico y la salud p\u00fablica[4]<\/sup><\/a><\/span><\/span>. Sobre todo, esto es lo que mueve al Estado contempor\u00e1neo, que desde muy temprano ha visto en la promoci\u00f3n y en un m\u00ednimo de tolerancia hacia las drogas (duras y blandas, legales o ilegales) un mecanismo de control social insoslayable, como ha documentado Antonio Escohotado (2002: 806-813 y 1129-1130): las drogas abren la puerta al entendimiento y a la voluntad.<\/p>\n\n\n\n

      Igualmente, an\u00e1lisis recientes sobre la situaci\u00f3n en Am\u00e9rica Latina ponen de manifiesto que el narcotr\u00e1fico tiene una capacidad de acumulaci\u00f3n r\u00e1pida de recursos que \u201cfacilita la formaci\u00f3n de bloques de poder\u201d en el seno de las pol\u00edticas neoliberales. Tanto es as\u00ed que S. Blixen (1995: 114) se pregunta \u201cqui\u00e9n maneja a qui\u00e9n en la econom\u00eda ilegal de la droga\u201d: el narco al pol\u00edtico o viceversa. En esta l\u00ednea, el Estado espa\u00f1ol ha optado por la inflaci\u00f3n punitiva en lo relativo al ejercicio y desarrollo de derechos fundamentales y libertades p\u00fablicas. Asimismo, no hay duda de que cualquier Estado prefiere la trasgresi\u00f3n de la ley en forma de delincuencia com\u00fan antes que la activaci\u00f3n de procesos constituyentes o de revueltas atrabiliarias. La criminalizaci\u00f3n de las condiciones sociales en que la protesta surge tiene preferencia respecto a la administraci\u00f3n o politizaci\u00f3n de la misma.<\/p>\n\n\n\n

      Paralelamente, no resulta descabellado pensar que una buena parte de la poblaci\u00f3n tolera el mercado de la droga dado el impacto positivo que tiene en no pocas familias, directa o indirectamente, a resultas de la econom\u00eda sumergida en ascenso. Esto se agudiza, obviamente, en contextos de crisis y precariedad laboral y en zonas singularmente oprimidas. No es de extra\u00f1ar que se observe una actuaci\u00f3n distinta en provincias, comarcas o aun en barrios de ciudades en los que, de facto<\/em>, desaparece la actuaci\u00f3n del Estado y su Derecho, generando bolsas de marginalidad en las que proliferan sistemas con normas sociales vulneradoras de los m\u00e1s elementales derechos, y en los que son galopantes la intolerancia, el machismo, la xenofobia y el racismo. \u201cLa prohibici\u00f3n \u2013anota con acierto I\u00f1aki Markez (1994: 244)\u2013 permite el monopolio para el proveedor\u201d, es decir, el traficante. Para colmo, se ha comprobado que \u201clas pol\u00edticas represivas permiten aumentar las ganancias: si hay actuaciones de control y aprehensiones, disminuir\u00e1 el producto en el mercado y, cuando vuelva, ser\u00e1 algo m\u00e1s caro y\/o de peor calidad\u201d. La l\u00f3gica del laissez faire<\/em> campa a sus anchas en este oscuro contexto.<\/p>\n\n\n\n

      La represi\u00f3n de la droga en Espa\u00f1a y en la mayor parte de los pa\u00edses de nuestro entorno se dirige menos a la disminuci\u00f3n del consumo (y, por consiguiente, al descenso del peso del mercado de la droga), que a la supresi\u00f3n del elenco de delincuencia que envuelve a dicho consumo. No de otro modo puede entenderse la generalizaci\u00f3n de la privaci\u00f3n de libertad como pena que recae sobre consumidores que, por tanto, son recluidos en centros penitenciarios en los que los \u00edndices de toxicoman\u00eda suele dispararse. En este sentido, la regulaci\u00f3n al respecto supone el canto de cisne de una tutela moral que no hace sino poner sobre el tapete el fracaso de la propia eticidad de un Estado social y democr\u00e1tico de Derecho. Tal exhibici\u00f3n de hipocres\u00eda acaece en otros problemas como el de la prostituci\u00f3n, que goza de un estatus de alegalidad<\/em> en Espa\u00f1a bastante significativo[5]<\/sup><\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n\n\n\n

      En \u00faltimo lugar, quisi\u00e9ramos hacer alusi\u00f3n al Manifiesto firmado en M\u00e1laga el 2 de diciembre de 1989 por un considerable grupo de expertos[6]<\/sup><\/a><\/span><\/span>, ya que rompi\u00f3 lanzas a favor de una \u201cdespenalizaci\u00f3n controlada\u201d que aportaba algunas claves cuya virtualidad a d\u00eda de hoy parece incuestionable si se trata de analizar las pol\u00edticas p\u00fablicas y jur\u00eddicas en materia de drogas.<\/p>\n\n\n\n

      Con esto pretendemos acreditar que las propuestas despenalizadoras no constituyen un compendio abstracto de axiomas pol\u00edticos y \u00e9ticos incumplibles per se<\/em>. De entrada, habr\u00eda que ponderar los listados de sustancias prohibidas elaborados a nivel internacional, por cuanto de arbitrario tienen en ocasiones si se las compara con otras sustancias permitidas (cuadros I y II de la Convenci\u00f3n de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre el tr\u00e1fico il\u00edcito de estupefacientes y sustancias psicotr\u00f3picas).<\/p>\n\n\n\n

      Podemos sintetizar la propuesta del siguiente modo, seg\u00fan su impacto en el Derecho administrativo:<\/p>\n\n\n\n

      1. Normalizaci\u00f3n del trato con las drogas, integrando su r\u00e9gimen (reduciendo las excepciones a drogas duras de determinada \u00edndole) en el r\u00e9gimen general propio de los medicamentos. A prop\u00f3sito de las drogas duras (las no derivadas del cannabis), se proponen preceptos como el que establece: \u201clos medicamentos estupefacientes o psicotr\u00f3picos utilizados socialmente con fines de bienestar extraterap\u00e9utico podr\u00e1n ser dispensados sin receta en dosis \u00fanica, previa identificaci\u00f3n personal y siempre que los adquirientes sean mayores de edad y no padezcan una disminuci\u00f3n ps\u00edquica aparente o conocida\u201d.<\/li>
      2. Establecimiento de medidas fiscales que promuevan precios moderadamente desincentivadores del consumo, pero que no aboquen al consumo en mercados secundarios.<\/li>
      3. Construcci\u00f3n de un sistema de requisitos de identificaci\u00f3n  e incompatibilidades para la adquisici\u00f3n (y dispensaci\u00f3n) de estas sustancias, cubierto bajo el principio de confidencialidad.<\/li>
      4. Las drogas duras han de ser dispensadas en oficinas o servicios de farmacia, mientras que las blandas pueden serlo fuera de tales establecimientos, al estilo, pues, del tabaco actualmente.<\/li>
      5. Prohibici\u00f3n de la publicidad y el marketing<\/em> de estos productos.<\/li>
      6. Desarrollo de pautas de uso responsable de sustancias susceptibles de causar bienestar corporal o mental, en ciudadanos adultos, adem\u00e1s de sus posibles prescripciones terap\u00e9uticas. En otras palabras, abordar el uso satisfactivo (l\u00fadico o cultural) de ciertas sustancias, no meramente m\u00e9dico o necesario, y tornarlo medianamente normalizado, a trav\u00e9s de sistemas de informaci\u00f3n, educaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y deshabituaci\u00f3n de los usuarios y p\u00fablico en general.<\/li>
      7. Descartar el r\u00e9gimen de monopolio (defendido por gran parte de las doctrinas despenalizadoras) en provecho de uno de libre comercio controlado, af\u00edn a la econom\u00eda social de mercado, o de mercado intervenido, postulada en el art. 38 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola (y su desarrollo jurisprudencial en sentencias del Tribunal Constitucional como la 181\/1981, la 37\/1987, la 152\/2003\u2026 delimitadoras de nuestra \u201cconstituci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d).<\/li>
      8. Redefinici\u00f3n de la legislaci\u00f3n punitiva en la materia, pasando a dirigir el foco de represi\u00f3n hacia el narco, esto es, hacia el tr\u00e1fico, il\u00edcito en el nuevo marco jur\u00eddico, de drogas.<\/li>
      9. Consideraci\u00f3n de ciertos estupefacientes y sustancias psicotr\u00f3picas como medicamentos. La legislaci\u00f3n espec\u00edfica ha de encarar el uso extraterap\u00e9utico de medicamentos.<\/li>
      10. Promulgaci\u00f3n de leyes que definan y describan exhaustivamente los procesos de fabricaci\u00f3n, dispensaci\u00f3n, comercializaci\u00f3n y uso de estas sustancias y productos.<\/li>
      11. Derogaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n espec\u00edfica sobre estupefacientes y sustancias psicotr\u00f3picas, en aras de eliminar el riesgo de creaci\u00f3n de lagunas jur\u00eddicas, una vez desarrollado el punto anteriormente citado.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

        Al alim\u00f3n con el impacto administrativo de la propuesta despenalizadora, ser\u00eda menester introducir cambios en el orden penal. Expuestos de manera sucinta, cabe subrayar:<\/p>\n\n\n\n

        1. Castigar \u00fanicamente dos conductas. En relaci\u00f3n a las drogas duras, las conductas de tr\u00e1fico que se realicen sin estar debidamente autorizado o infringiendo las formalidades legales. Ello abarca las actividades mercantiles o comerciales pero tambi\u00e9n el mercado negro. Se proyectan varios tipos agravados: por facilitar drogas a menores de edad o disminuidos ps\u00edquicos abusando de su situaci\u00f3n, por participar de fines mercantiles orientados a la ampliaci\u00f3n o creaci\u00f3n de mercado, por tratarse de peque\u00f1os consumidores que trafican a peque\u00f1a escala para satisfacer sus propias necesidades (en orden a prevenir la drogodependencia), etc. Estas novedades se unir\u00edan a las tradicionales figuras agravadas por pertenencia a organizaci\u00f3n criminal o por traficar incrementando al da\u00f1o a la salud a trav\u00e9s de omisiones o alteraciones del producto. Las drogas blandas se legalizan.<\/li>
        2. Modificaci\u00f3n del delito de receptaci\u00f3n acorde al principio de proporcionalidad.<\/li>
        3. En sinton\u00eda con el principio de legalizaci\u00f3n controlada, revisar la envergadura de las penas privativas de libertad.<\/li>
        4. Modulaci\u00f3n de las penas de multa, manteniendo sus niveles elevados, en virtud de las ganancias obtenidas o susceptibles de obtenerse.<\/li>
        5. Incremento de las posibilidades de remisi\u00f3n condicional de la pena para personas drogodependientes inmersas en proceso exitoso de rehabilitaci\u00f3n.<\/li>
        6. Sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n provisional por programas forzosos de deshabituaci\u00f3n, computables a efectos de la pena finalmente impuesta en sede judicial.<\/li>
        7. Exenci\u00f3n completa o incompleta para cualesquiera delitos cometidos por personas bajo el influjo del s\u00edndrome de abstinencia, como medida motivadora de la acci\u00f3n positiva de las Administraciones p\u00fablicas en el control de la fabricaci\u00f3n, comercializaci\u00f3n y dispensaci\u00f3n de drogas, as\u00ed como en los tratamientos de prevenci\u00f3n, educaci\u00f3n, informaci\u00f3n, etc.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

          Xabier Arana (2012: 362-377) se atreve a perfeccionar las propuestas con otras que inciden, como novedad, en la relevancia de las Administraciones aut\u00f3nomicas y locales en el marco de nuestro Estado de las Autonom\u00edas. Claro que su contribuci\u00f3n no ten\u00eda en cuenta el giro centralista plasmado en normas que entonces no estaban vigentes, como la Ley 27\/2013, de 27 de diciembre, de Racionalizaci\u00f3n y Sostenibilidad de la Administraci\u00f3n Local.<\/p>\n\n\n\n

          En suma, la v\u00eda represiva que hasta hoy conocemos ha abierto las veredas de la clandestinizaci\u00f3n del mercado y el consumo de drogas, inaugurando una regi\u00f3n de marginalidad y corrupci\u00f3n en una parte significativa de la poblaci\u00f3n que, en ocasiones, queda sometida bajo el yugo de aut\u00e9nticas mafias, m\u00e1s o menos desarrolladas pero igualmente intensivas en coacci\u00f3n. Hay suficientes experiencias como para comprender cu\u00e1les son las repercusiones de la legalizaci\u00f3n (dirigida contra la oferta) y la despenalizaci\u00f3n (dirigida contra la demanda). Pero en cualquier caso, parece llegado el momento de ensayar una soluci\u00f3n que, desechando el prohibicionismo, pase por una de estas dos opciones. Eso defienden voces tan dispares como Alessandro Baratta, Giusto Catania, Rosal del Olmo, Antonio Escohotado, Milton Friedman o Gabriel Garc\u00eda M\u00e1rquez, por s\u00f3lo citar algunos nombres. Pues de este modo se disminuye el n\u00famero de consumidores habituales y el da\u00f1o en la salud p\u00fablica y personal. Parece que el coste social del tratamiento de drogodependientes tambi\u00e9n se reducir\u00eda a causa del control de calidad de las sustancias. Ser\u00eda \u00ednfimo en comparaci\u00f3n al coste social y sanitario derivado del tabaquismo y el alcoholismo. A la postre, se dar\u00eda un duro embate a las mafias, privadas de mercado. As\u00ed ocurre en el paradigm\u00e1tico caso de Pa\u00edses Bajos, pero tambi\u00e9n en diecis\u00e9is Estados de Estados Unidos. Uruguay ha reproducido hace poco tiempo el sistema, si bien parcialmente, con su Ley de 10 de diciembre de 2013.<\/p>\n\n\n\n

          El problema de las drogas es el problema del poder que los mercados ejercen sobre las sociedades. Por eso tambi\u00e9n el mercado de la droga merece una reflexi\u00f3n seria, inaplazable.   <\/p>\n\n\n\n

          Bibliograf\u00eda citada<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          • ARANA, X. (2012): Drogas, legislaciones y alternativas. De los discursos de las sentencias sobre el tr\u00e1fico ilegal de drogas a la necesidad de pol\u00edticas diferentes<\/em>, Gakoa, San Sebasti\u00e1n.<\/li>
          • BLIXEN, S. (1995): \u201cEl negocio de la droga: socio del neoliberalismo\u201d, en PANTOJA, L. \/ GURIDI, L. (eds.): Drogas, Desarrollo y Estado de Derecho<\/em>, Universidad de Deusto, Deusto, pp. 103-114.<\/li>
          • ESCOHOTADO, A. (2002): Historia general de las drogas<\/em>, Espasa, Madrid.<\/li>
          • JAKOBS, G. (1997): \u201cCriminalizaci\u00f3n en el estadio previo a la lesi\u00f3n de un bien jur\u00eddico\u201d, en Estudios de Derecho Penal<\/em>, Universidad Aut\u00f3noma de Madrid\/C\u00edvitas, Madrid, pp. 293-324.<\/li>
          • MARKEZ, I. (1994): \u201cEl negocio del siglo\u201d, en VV.AA.: Las drogas: de ayer a ma\u00f1ana<\/em>, Talasa, Madrid, pp. 209-248.<\/li>
          • TORRENTE, D. (2001): Desviaci\u00f3n y delito<\/em>, Alianza, Madrid.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
            \n

            Notas<\/span>[+<\/a>]<\/span><\/p><\/div>

            \r\n\r\n
            Notas<\/caption>
            ↑<\/span>1<\/a><\/th> Esperanza Escribano Claramunt: \u201cEl Consejo de Europa considera que la `Ley Fern\u00e1ndez\u00b4 es \u00abdesproporcionada\u00bb\u201d, El Pa\u00eds<\/em>, 03\/12\/2013.<\/p>\n\n\n\n

            <\/td><\/tr>\r\n\r\n

            ↑<\/span>2<\/a><\/th> <\/p>\n\n\n\n

            \u201cEl CGPJ propone limitar las causas de intervenci\u00f3n de las Fuerzas de Seguridad y el deber de denuncia\u201d, Poder Judicial<\/em>, 25\/03\/2014. En l\u00ednea: http:\/\/www.poderjudicial.es\/cgpj\/es\/Poder_Judicial\/Consejo_General_del_Poder_Judicial\/En_Portada\/ci.El_CGPJ_propone_limitar_las_cau<\/span><\/a>. sas_de_intervencion_de_las_Fuerzas_de_Seguridad_y_el_deber_de_denuncia.formato3<\/p>\n\n\n\n

            <\/td><\/tr>\r\n\r\n

            ↑<\/span>3<\/a><\/th> <\/p>\n\n\n\n

            Emilio de Llera Su\u00e1rez B\u00e1rcenas: \u201cSeguridad ciudadana no es orden p\u00fablico\u201d, El Pa\u00eds<\/em>, 17\/12\/2013. En l\u00ednea: http:\/\/ccaa.elpais.com\/ccaa\/2013\/12\/17\/andalucia\/1387295797_614436.html<\/span><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

            <\/td><\/tr>\r\n\r\n

            ↑<\/span>4<\/a><\/th> <\/p>\n\n\n\n

            \u201cExiste una asociaci\u00f3n entre delincuencia y ciertas drogas \u2013puntualiza Diego Torrente (2001: 129)\u2013, pero asociaci\u00f3n no equivale a causalidad, y las evidencias parciales sugieren matizaciones\u201d. El citado crimin\u00f3logo analiza seguidamente las relaciones entre droga y delincuencia seg\u00fan el car\u00e1cter excitante o sedante de la primera. Concluye que lo m\u00e1s certero es que \u201cel mundo de la droga genera su propia delincuencia: robos de dinero o droga entre personas adictas, enfrentamientos por el control de la distribuci\u00f3n, venganzas, disputas por la calidad\/precio de la mercanc\u00eda\u201d (Torrente, 2001: 130). La delincuencia hunde sus ra\u00edces en la prohibici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

            <\/td><\/tr>\r\n\r\n

            ↑<\/span>5<\/a><\/th> <\/p>\n\n\n\n

            Recomendamos, por su car\u00e1cter panor\u00e1mico e introductorio no exento de rigor, el debate abierto entre Ana Mar\u00eda Rubio y Mar\u00eda Luisa Maqueda. En l\u00ednea: \u201cLa prostituci\u00f3n, un debate para el siglo XXI\u201d, Olvidos<\/em>, 19\/4\/212. En l\u00ednea: http:\/\/olvidos.es\/lprocesos\/20<\/span><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

            <\/td><\/tr>\r\n\r\n

            ↑<\/span>6<\/a><\/th> <\/p>\n\n\n\n

            Manifiesto ampliamente difundido en revistas y publicaciones tanto nacionales como extranjeras. Entre sus signatarios se encuentran 25 catedr\u00e1ticos de Derecho penal, 13 profesores titulares de Derecho penal y 21 magistrados, jueces \u00f3 fiscales. Aquella primera llamada de atenci\u00f3n ser\u00eda profundizada en el Documento de medidas alternativas aprobadas en Sevilla el 9 de febrero de 1991.<\/p>\n\n\n\n

            <\/td><\/tr>\r\n\r\n <\/tbody> <\/table> <\/div><\/div>