{"id":4080,"date":"2024-01-30T11:30:00","date_gmt":"2024-01-30T11:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/olvidosdegranada.es\/?p=4080"},"modified":"2024-10-19T20:34:25","modified_gmt":"2024-10-19T20:34:25","slug":"sobre-la-amnistia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/olvidosdegranada.es\/index.php\/2024\/01\/30\/sobre-la-amnistia\/","title":{"rendered":"Sobre la Amnist\u00eda"},"content":{"rendered":"\n

Legalidad,  legitimidad y necesidad de una ley de Amnist\u00eda que resuelva el conflicto pol\u00edtico entre el Estado espa\u00f1ol y Catalunya<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Guillermo Portilla Contreras<\/strong>
Catedr\u00e1tico de Derecho Penal. Universidad de Ja\u00e9n<\/p>\n\n\n\n

Las derechas nacionalistas espa\u00f1olas vociferan contra una ley de amnist\u00eda que facilite la resoluci\u00f3n de la crisis institucional entre el Estado espa\u00f1ol y Catalunya. Sus m\u00e1ximos dirigentes, al grito hiperb\u00f3lico de \u201cTraici\u00f3n\u201d, \u201cGolpe al Estado de Derecho\u201d,  \u201cActo contra los cimientos de Espa\u00f1a\u201d, \u201cAutocracia\u201d, \u201cTotalitarismo\u201d,  \u201cDeslealtad constitucional\u201d, pretenden demostrar la ilegalidad, y, en todo caso, la ilegitimidad de una medida que es conforme con la Constituci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Un discurso que, por cierto,  no es nada original. Recu\u00e9rdese que, en diciembre de 1938, por orden de Ram\u00f3n Serrano Su\u00f1er, se cre\u00f3 una de las instituciones que legitimaron  la dictadura franquista. Se trat\u00f3 de la Comisi\u00f3n para \u201cinstruir las actuaciones encaminadas a demostrar plenamente la ilegitimidad de los poderes actuantes en la Rep\u00fablica espa\u00f1ola en 18 de julio de 1936\u201d. Para la confecci\u00f3n de este documento se cont\u00f3 con pol\u00edticos, abogados, acad\u00e9micos y juristas. La Comisi\u00f3n estaba formada por 22 personas y entre los juristas designados se encontraban, Federico Castej\u00f3n, catedr\u00e1tico de Derecho penal, magistrado del Tribunal Supremo, y redactor del Anteproyecto de C\u00f3digo penal de 1938, fascista y racista, de Falange; Wenceslao Gonz\u00e1lez Oliveros, catedr\u00e1tico de Filosof\u00eda del Derecho, presidente del Tribunal de Responsabilidades Pol\u00edticas y vocal del Tribunal Especial para la Represi\u00f3n de la Masoner\u00eda y el Comunismo.  Uno de los argumentos empleados para demostrar la ilegitimidad del gobierno de la Rep\u00fablica, fue  que hab\u00eda promulgado la Ley de amnist\u00eda de 21 de febrero de 1936, que permiti\u00f3 la liberaci\u00f3n de los presos implicados en la revoluci\u00f3n de octubre de 1934 y la de Companys y el resto del gobierno catal\u00e1n por aprobar la independencia de Catalunya el 6 de octubre de 1934. En la Secci\u00f3n tercera del Dictamen emitido por la citada Comisi\u00f3n, sobre la ilegitimidad en el ejercicio del poder, cuando hablaba de la labor parlamentaria y de Gobierno, aludi\u00f3 a la ilegitimidad de la Ley de la amnist\u00eda, porque  \u201ca su amparo y por haberse realizado en medio de una subversi\u00f3n pol\u00edtico-social, fueron libertados delincuentes que para la gran mayor\u00eda de espa\u00f1oles lo eran de delitos comunes o de alta traici\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el anuncio por los sectores m\u00e1s reaccionarios de este pa\u00eds del fin de la unidad de Espa\u00f1a, el ocaso de la Patria o el mal del \u201cSeparatismo\u201d, coincide fielmente con las premoniciones detalladas por Jos\u00e9 Antonio Primo de Rivera en varios de sus discursos. En uno de ellos, titulado: \u201cSobre Catalu\u00f1a\u201d, de 4 de enero de 1934, habl\u00f3 de la Naci\u00f3n como una unidad en lo universal,\u00a0 del patriotismo de lo trascendental, es decir, el patriotismo de la gran Espa\u00f1a. Por su parte, en el discurso de 19 de julio de 1934, titulado \u201cEspa\u00f1a es irreversible\u201d, dijo: \u201cCatalu\u00f1a aut\u00f3noma asiste al crecimiento de un separatismo que nadie refrena: el Estado porque se ha inhibido de la vida cotidiana en las funciones primordiales: la formaci\u00f3n espiritual de las generaciones nuevas, el orden p\u00fablico, la Administraci\u00f3n de Justicia y la Generalidad, porque esa tendencia separatista, lejos de repugnarle, le resulta sumamente simp\u00e1tica. As\u00ed el germen destructor de Espa\u00f1a, de esta unidad de Espa\u00f1a lograda tan dif\u00edcilmente, crece a sus anchas. Es como un incendio para cuya voracidad no solo se ha acumulado combustibles, sino que se ha trazado a los bomberos una barrera que les impida intervenir. \u00bfQu\u00e9 quedar\u00e1 en muy pocos a\u00f1os, de lo que fue bella arquitectura de Espa\u00f1a? \u00a1Y mientras tanto, a nosotros, a los que queremos salir por los confines de Espa\u00f1a gritando esas cosas, denunciando estas cosas, se nos encarcela, se nos cierran los centros, se nos impide la propaganda! Y la insolencia separatista crece. Y el Gobierno busca \u201cf\u00f3rmulas jur\u00eddicas\u201d. Pero piense el Gobierno que si Espa\u00f1a se le va de entre las manos no podr\u00e1 excusarse tras de una execrable negligencia. Cuando la negligencia llega a ciertos l\u00edmites y compromete ciertas cosas sagradas, ya se llama \u201ctraici\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Frente al catastrofismo de los anteriores vaticinios contra cualquier \u201cf\u00f3rmula jur\u00eddica\u201d elaborada por miembros de lo que consideran Anti-Espa\u00f1a, hay que tranquilizar a los ciudadanos,  la ley de Amnist\u00eda  no significar\u00e1 el fin de Espa\u00f1a, por el contrario, soldar\u00e1 todo lo que los tribunales han dividido. En ese sentido, la crisis entre el Estado espa\u00f1ol y Catalunya es un problema que, no solo no se ha resuelto, sino que se ha agravado, por una, inexplicable y desproporcionada represi\u00f3n penal. Solo medidas constitucionales, democr\u00e1ticas, no autoritarias,  pueden favorecer el retorno a la normalidad institucional de un Estado plurinacional en el que pueda ejercerse el derecho a reclamar la autodeterminaci\u00f3n sin ir a la c\u00e1rcel. Precisamente, porque el Estado espa\u00f1ol no es una democracia militante que obliga al ciudadano a abrazar una \u00fanica opci\u00f3n ideol\u00f3gica ni a arrepentirse de sus ideas.<\/p>\n\n\n\n

 Uno de los principales argumentos empleados por los detractores de la amnist\u00eda  es que la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola no la prev\u00e9 expresamente. Al no estar regulada expl\u00edcitamente, esto significa, deducen, que est\u00e1 prohibida.  Tal conjetura es falsa. El silencio nunca debe interpretarse como prohibici\u00f3n, la amnist\u00eda ser\u00eda inconstitucional, solo, si se opone a los valores constitucionales[1]<\/a>. De hecho, la Constituci\u00f3n alemana no recoge expl\u00edcitamente la amnist\u00eda y, sin embargo, el Tribunal Constitucional  alem\u00e1n, en la sentencia de 15 de diciembre de 1959, se pronunci\u00f3 a favor de su legalidad. Al analizar la ley de impunidad de 17 de julio de 1954 (Caso Pletow), en concreto,  si el art\u00edculo 8 de esa ley era o no compatible con la ley fundamental, un precepto que permiti\u00f3 la impunidad de la revelaci\u00f3n de secretos oficiales entre 1946-1951, estableci\u00f3, finalmente, su constitucionalidad, al estimar que la pacificaci\u00f3n de conflictos era prioritaria en circunstancias excepcionales. De otro lado, pese al silencio constitucional, la amnist\u00eda es reconocida en nuestra legislaci\u00f3n vigente, v\u00e9anse, entre otros, el art\u00edculo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Real Decreto 796\/2005, Reglamento General de R\u00e9gimen Disciplinario del personal a servicio de la Administraci\u00f3n de Justicia o la Ley de Memoria Democr\u00e1tica 20\/2022, 19 de octubre. Igualmente, ha sido asumida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 20  de julio de 1983,  aceptando que la amnist\u00eda no pertenece al derecho de gracia, sino que forma parte de la potestad legislativa parlamentaria. Del mismo modo, la sentencia del Tribunal Supremo, 27 de febrero de 2012, confirm\u00f3 la constitucionalidad de la ley de amnist\u00eda de 1977.<\/p>\n\n\n\n

Lo que verdaderamente proh\u00edbe la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola son los indultos generales (art\u00edculo 62.i CE), no la amnist\u00eda. Suele decirse que si el texto constitucional impide lo menos (indultos generales) deber\u00eda proscribirse lo m\u00e1s (amnist\u00eda). Un argumento que desconoce que se trata de instituciones que gozan de una diferente naturaleza jur\u00eddica: formal y material. Como dec\u00eda Jim\u00e9nez de As\u00faa, el indulto est\u00e1 hu\u00e9rfano de motivaci\u00f3n pol\u00edtica. Los indultos se conceden a determinadas personas, la amnist\u00eda, como instrumento pol\u00edtico que es, no afecta a ciudadanos concretos sino a los delitos cubiertos por la misma. Mientras la amnist\u00eda exige para su aprobaci\u00f3n una Ley Org\u00e1nica, el indulto particular es un acto administrativo tramitado por el Ministerio de Justicia y aprobado por el Consejo de ministros, que obedece, no a un motivo pol\u00edtico, sino a razones de equidad y justicia.<\/p>\n\n\n\n

Se afirma igualmente que la amnist\u00eda atenta contra la separaci\u00f3n de poderes ya que imposibilita a los jueces juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art\u00edculo 117.3 CE).  En eso tienen raz\u00f3n.  Pero, de ser as\u00ed, tambi\u00e9n habr\u00eda que prohibir el indulto y reformar la Constituci\u00f3n para eliminar una figura que, en este caso, las derechas no demonizan: la inviolabilidad del rey (art\u00edculo 56.3 CE). En el indulto se impide la ejecuci\u00f3n de lo juzgado, mientras que la inviolabilidad real imposibilita a los jueces juzgar la responsabilidad penal por cualquier delito que su majestad cometa, siendo indiferente la gravedad del hecho, o si es por actos p\u00fablicos o privados. A veces se olvida que el apartado primero del art\u00edculo 117 de la CE dice que \u201cLa justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos \u00fanicamente al imperio de la ley\u201d. Esto es, los jueces est\u00e1n sometidos \u00fanicamente a la ley. Por tanto, si el Parlamento aprueba una ley Org\u00e1nica de amnist\u00eda, los jueces est\u00e1n obligados a cumplirla, no pueden ser insumisos a la potestad legislativa parlamentaria.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los argumentos falaces utilizados por los cr\u00edticos de la amnist\u00eda es que en Espa\u00f1a no hay tradici\u00f3n de amnist\u00eda. Por recordar exclusivamente las amnist\u00edas concedidas en el siglo XX: la de 4 de julio de 1924, otorgada por Primo de Rivera en el acontecimiento de Annual, al general Berenguer; la conferida por la CEDA el 24 de abril de 1934, por delitos de rebeli\u00f3n, sedici\u00f3n, tenencia de armas, concedida, entre otros, al general Sanjurjo; la dispensada por el Frente Popular el 21 de febrero de 1936 a los implicados en la Revoluci\u00f3n de Asturias y al gobierno catal\u00e1n; la autoamnist\u00eda franquista de 23 de septiembre de 1939, por delitos efectuados entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936, siempre que hubieren sido cometidos por personas afines al Glorioso Movimiento Nacional (se inclu\u00edan los delitos contra la vida e integridad f\u00edsica); la amnist\u00eda de 15 de octubre de 1977 para actos de intencionalidad pol\u00edtica cometidos antes de 15 de diciembre de 1976.<\/p>\n\n\n\n

Es cierto que para que la amnist\u00eda sea constitucional debe cumplir ciertas condiciones: no puede extenderse a determinados delitos prescritos en el Derecho internacional; respetar los Tratados internacionales; obedecer a un motivo leg\u00edtimo; regularse a trav\u00e9s de una Ley Org\u00e1nica y no vulnerar el principio de igualdad ante la Ley.<\/p>\n\n\n\n

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Como se acaba de exponer, en primer lugar, una ley de amnist\u00eda debe respetar el contenido de los Tratados internacionales suscritos por Espa\u00f1a[2]<\/a>. En ese \u00e1mbito, la legalidad de la amnist\u00eda est\u00e1 sometida a ciertos l\u00edmites que no pueden quebrantarse. As\u00ed lo avalan las Sentencias del Tribunal de Derechos humanos en el caso Dujardin c. Francia (1991) y Margus c. Croacia (2014). En ambas sentencias, se admite la viabilidad de la amnist\u00eda siempre que no se trate de autoamnist\u00edas adoptadas sin refrendo democr\u00e1tico, por un r\u00e9gimen dictatorial, y no se amnist\u00eden delitos de genocidio, cr\u00edmenes de guerra, lesa humanidad o torturas[3]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

De otra parte, otro de los requisitos que debe cumplir la amnist\u00eda es que debe tener una fundamentaci\u00f3n leg\u00edtima. Hay que explicar razonablemente el motivo pol\u00edtico que la origina. Una necesidad que puede surgir en un momento de transici\u00f3n o de refundaci\u00f3n pol\u00edtica, o tambi\u00e9n como un instrumento para abordar la soluci\u00f3n a un conflicto pol\u00edtico real. Por esa raz\u00f3n, la amnist\u00eda debe concederse respecto a un periodo temporal determinado. En esa direcci\u00f3n, la Proposici\u00f3n de Ley Org\u00e1nica de amnist\u00eda para la normalizaci\u00f3n institucional, pol\u00edtica  y social en Catalu\u00f1a, de 24 de noviembre de 2023, establece como \u00e1mbito temporal las fechas comprendidas entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.  <\/p>\n\n\n\n

Un espacio de tiempo que es coherente porque, al margen de que el inicio del conflicto  se remontara a la Sentencia del Tribunal Constitucional 31\/2010, 28 de junio que resolvi\u00f3 el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de autonom\u00eda catal\u00e1n, fue el 23 de enero de 2013, cuando se produjo la Resoluci\u00f3n del Parlamento de Catalunya, por la que se aprob\u00f3 la Declaraci\u00f3n de soberan\u00eda y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya. Pero, probablemente, durante 2012, ya se realizaron diversos actos preparatorios de la citada decisi\u00f3n. M\u00e1s adelante, se desencadenaron otros dos hechos esenciales para comprender el descontento de Catalunya con el Estado espa\u00f1ol: por un lado, el rechazo del Congreso a la petici\u00f3n del Parlamento de Catalunya  -8 de abril de 2014-, para que se autorizara la convocatoria de una consulta popular por la v\u00eda del refer\u00e9ndum consultivo. De otro, la impugnaci\u00f3n ante el Tribunal Constitucional de la Ley de Catalunya, 10\/2014, de 26 de septiembre, sobre consultas populares. Tras diversos intentos fallidos para celebrar legalmente un refer\u00e9ndum sobre la autodeterminaci\u00f3n, la promulgaci\u00f3n  de las leyes catalanas de \u201crefer\u00e9ndum de autodeterminaci\u00f3n\u201d  y de \u201ctransitoriedad jur\u00eddica y fundacional de la Rep\u00fablica\u201d de 6 y 8 de septiembre de 2017, aquel se celebr\u00f3 finalmente de modo pac\u00edfico el 1 de octubre de 2017.<\/p>\n\n\n\n

Lo que fue un ejemplo de ejercicio del derecho de reuni\u00f3n, solo enturbiado por el uso excesivo de la fuerza empleado por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad,  acab\u00f3 siendo objeto de una ilimitada represi\u00f3n penal.  Sin olvidar, c\u00f3mo el Gobierno espa\u00f1ol emple\u00f3 otro medio que increment\u00f3 a\u00fan m\u00e1s, si cabe, el conflicto, al recurrir al art\u00edculo 155 de la Constituci\u00f3n, con el efecto inmediato de la disoluci\u00f3n del Parlament <\/em>de Catalunya.<\/p>\n\n\n\n

Si en alg\u00fan momento el conflicto se agrav\u00f3 fue como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo 459\/2019, de 14 de octubre, que conden\u00f3 a 12 representantes pol\u00edticos y sociales, b\u00e1sicamente por los delitos de sedici\u00f3n, malversaci\u00f3n, y desobediencia, por llevar a cabo las concentraciones del 20 de septiembre de 2017 y el refer\u00e9ndum del 1 de octubre. El Tribunal Supremo,  lejos de reconocer que se ejercit\u00f3 el derecho fundamental de reuni\u00f3n, transmut\u00f3 en delito lo que simplemente fue una l\u00edcita convocatoria de reuni\u00f3n. El delito escogido para limitar el derecho de reuni\u00f3n fue el de sedici\u00f3n (hoy derogado por Ley Org\u00e1nica 14\/2022, 22 de diciembre). <\/p>\n\n\n\n

En la sentencia del Tribunal Supremo comentada se parti\u00f3 de una afirmaci\u00f3n falsa:  que, en las concentraciones del 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, celebradas en Barcelona, hubo una violencia f\u00edsica o compulsiva generalizada. Sin embargo, si por algo se caracterizaron esas concentraciones fue por su car\u00e1cter ejemplar y pac\u00edfico. Que la violencia fue residual lo acredita, adem\u00e1s, el escaso n\u00famero de detenciones practicadas por los delitos que, dice el Tribunal Supremo que se cometieron: atentados, resistencia, desobediencia, falta de respeto y consideraci\u00f3n debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones (art. 556), y las m\u00ednimas identificaciones realizadas por infracciones administrativas (sobre todo, falta de consideraci\u00f3n a la autoridad prevista en el art. 37.4 Ley Org\u00e1nica sobre Protecci\u00f3n de la Seguridad Ciudadana).  Pues bien, pese a admitir inicialmente la existencia de cierta violencia por los concentrados, el Tribunal Supremo descart\u00f3 al fin la aplicaci\u00f3n del delito de rebeli\u00f3n, al interpretar que la violencia no tuvo el potencial necesario para lograr que el Estado claudicase, y alcanzar as\u00ed el fin \u00faltimo, que no era otro que la independencia de Catalu\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

El Tribunal Supremo confirm\u00f3 de igual forma que el plan dise\u00f1ado no pasaba por la secesi\u00f3n unilateral y que su verdadera finalidad era pactar con el Gobierno espa\u00f1ol un futuro sufragio con todas las garant\u00edas[4]<\/a>.  Descartado el delito de rebeli\u00f3n, el Tribunal se centr\u00f3, en muy pocas p\u00e1ginas,  en justificar la existencia del delito de sedici\u00f3n. La cuesti\u00f3n era que el delito de sedici\u00f3n del art\u00edculo 544 del C\u00f3digo penal (ya derogado) exig\u00eda un alzamiento p\u00fablico y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las v\u00edas legales la aplicaci\u00f3n de las Leyes o de cualquier autoridad, corporaci\u00f3n oficial o funcionario p\u00fablico, el  leg\u00edtimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. Pues bien, en el caso que se analiza no existi\u00f3 el delito de sedici\u00f3n. La realidad es que los d\u00edas 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, no se impidi\u00f3 el cumplimiento de la ley ni el ejercicio de las funciones de los funcionarios. Como reconoce la propia sentencia del Tribunal Supremo, ni se imposibilit\u00f3 a los agentes de la Guardia civil que introdujeran a los detenidos,  ni se les bloque\u00f3 el acceso a sus veh\u00edculos. De otra parte, a la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00fam. 13 de Barcelona, no se le neg\u00f3 la salida, sino que se le ofrecieron diversas alternativas para que pudiera abandonar el lugar con seguridad, ofertas que declin\u00f3 aceptando \u00fanicamente ser infiltrada entre los espectadores que abandonaban el teatro del inmueble colindante. <\/p>\n\n\n\n

En definitiva, que no se facilitara la labor policial no significa que se le impidiera cumplir la ley o el ejercicio de sus funciones: obstaculizar no significa impedir, por lo que no se daban los elementos t\u00edpicos del delito de sedici\u00f3n. El ejercicio del derecho a una concentraci\u00f3n multitudinaria y pac\u00edfica en ning\u00fan momento paraliz\u00f3 el cumplimiento de la ley o impidi\u00f3 el ejercicio de las funciones.  <\/p>\n\n\n\n

En contra de esta afirmaci\u00f3n, las SSTC 121\/2021 y 122\/2021, de 2 de junio, avalando la cuestionada sentencia del Tribunal Supremo, desestimaron respectivamente los recursos de amparo interpuestos por Jordi S\u00e1nchez y Jordi Cuixart.  En la STC 121\/2021, se afirmaba que \u201c\u2026a trav\u00e9s de las convocatorias enjuiciadas, se propici\u00f3 un levantamiento, en plena coordinaci\u00f3n con las autoridades auton\u00f3micas, que dificultaba o hac\u00eda ineficaces resoluciones judiciales, implementaba una normativa auton\u00f3mica anticonstitucional adoptada- pero ya suspendida- y lograba que el refer\u00e9ndum il\u00edcito se celebrara  a pesar de la prohibici\u00f3n judicial. Se procuraba que el mismo sirviera de sustrato previsto en la antidemocr\u00e1tica norma para que, con absoluta deslealtad constitucional, el President<\/em> declarara la independencia de Catalu\u00f1a, si bien suspendida segundos despu\u00e9s\u201d[5]<\/a>. Argumento reiterado en la STC 122\/2021, de 2 de junio[6]<\/a>. Como se sabe, el Tribunal Supremo conden\u00f3 a penas absolutamente desproporcionadas a los miembros del Gobierno catal\u00e1n y a dirigentes de organizaciones no gubernamentales que ejercieron el derecho de reuni\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En el fondo lo que estas decisiones judiciales reivindicaban era que el delito de sedici\u00f3n deb\u00eda ser algo m\u00e1s que un delito contra el orden p\u00fablico[7]<\/a>. Concretamente, la Sala penal del Tribunal Supremo mantuvo que el enfoque ten\u00eda que ser radicalmente distinto cuando lo que est\u00e1 en juego no es la preservaci\u00f3n del orden p\u00fablico sino la solidez de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democr\u00e1tica[8]<\/a>.\u00a0 Una conclusi\u00f3n que desvela que la verdadera intenci\u00f3n del Tribunal Supremo (ratificada posteriormente por el Tribunal Constitucional ) fue sancionar lo que denominan \u201cdeslealtad constitucional\u201d. No obstante,\u00a0 se encontraron con un obst\u00e1culo insalvable: el principio de legalidad. Hoy por hoy no existe ning\u00fan precepto penal que sancione la ruptura del pacto constitucional o su puesta en peligro. Ante esta \u201claguna\u201d, que se quiere enmendar, no por la v\u00eda legislativa y s\u00ed por la judicial, se recurri\u00f3 indebida y anal\u00f3gicamente al delito de sedici\u00f3n, como antes se apel\u00f3 a los delitos contra las instituciones del Estado, o a la rebeli\u00f3n, como se pretend\u00eda desde los sectores menos cualificados de la Fiscal\u00eda[9]<\/a>. Lo que realmente convirti\u00f3 a las concentraciones del 20 de septiembre y 1 de diciembre de 2021 en un delito de sedici\u00f3n fue su finalidad independentista, expresar su opini\u00f3n sobre el derecho de autodeterminaci\u00f3n. Una deslealtad a la unidad del r\u00e9gimen mon\u00e1rquico parlamentario espa\u00f1ol que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no perdonan y convirtieron en un inexistente delito de sedici\u00f3n. Con esta interpretaci\u00f3n judicial del derecho de reuni\u00f3n, como en el franquismo, las concentraciones y movilizaciones ciudadanas\u00a0 se convirtieron en il\u00edcitos penales y administrativos.\u00a0 Al conocer esta sentencia, un sector importante de la poblaci\u00f3n sali\u00f3 a la calle a protestar dando lugar a manifestaciones y concentraciones pac\u00edficas junto a otras que culminaron en des\u00f3rdenes p\u00fablicos: cortes de carretera, trenes. Hechos que, a su vez, sirvieron para\u00a0 multiplicar la persecuci\u00f3n penal. As\u00ed es, hoy d\u00eda existen cientos de causas penales y administrativas pendientes, contra personas que exclusivamente persegu\u00edan el derecho de autodeterminaci\u00f3n, ante varios Juzgados de Instrucci\u00f3n, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a, el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo.<\/p>\n\n\n\n

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Explicado el fundamento pol\u00edtico, la necesidad y oportunidad de una ley de amnist\u00eda para reestablecer la normalidad institucional, alterada por aquellas decisiones judiciales, hay que demostrar, por fin, que no lesiona el principio de igualdad. En primer lugar, debe establecerse, como se expuso, un espacio temporal, la fecha de inicio y final del alcance de la norma e, igualmente, deben concretarse todas las acciones y omisiones il\u00edcitas (delitos, faltas -por hechos anteriores a 2015, fecha en la que se derogan-, infracciones administrativas) que, respondiendo a una finalidad predeterminada en la Ley,  se lleven a cabo dentro del periodo establecido previamente. Hay que aclarar nuevamente que no cualquier comportamiento il\u00edcito realizado durante ese espacio temporal ser\u00e1 objeto de la ley de amnist\u00eda. Solo aquellas acciones y omisiones guiadas, por ejemplo,  por la finalidad de la reivindicaci\u00f3n del derecho de autodeterminaci\u00f3n de Catalunya. Por el contrario, la desvinculaci\u00f3n con ese objetivo impedir\u00e1 la aplicaci\u00f3n de la amnist\u00eda. De esa forma se evita cualquier discriminaci\u00f3n y la afectaci\u00f3n del principio de igualdad. En definitiva, cualquier comportamiento de los inscritos como hechos amnistiables, durante un periodo concreto, guiados por el citado elemento subjetivo, ser\u00e1 objeto de la ley, siendo indiferente el lugar en el que se cometa y la persona que lo realice. De ser as\u00ed, no se vulnera el principio de igualdad ante la ley.<\/p>\n\n\n\n

Una vez establecidos tanto el periodo temporal como la finalidad (elemento subjetivo) que debe guiar la conducta analizada para ser amnistiada, hay que concretar qu\u00e9 il\u00edcitos -penales y administrativos- entran en el listado de infracciones amnistiables.  Como ya se coment\u00f3 hay l\u00edmites nacionales e internacionales en la confecci\u00f3n del cat\u00e1logo de los delitos amnistiables. Existen delitos imprescriptibles y perseguibles erga omnes<\/em> que jam\u00e1s pueden ser objeto de esta ley.  Por tal motivo, no se puede amnistiar la tortura ni cualquier otro acto contrario a la integridad moral ejercida por funcionarios p\u00fablicos. De los art\u00edculos 3 y 15.2 del Convenio Europeo para la protecci\u00f3n de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, del art\u00edculo 4 de la Carta europea de Derechos, y del art\u00edculo 3 de la Declaraci\u00f3n contra la tortura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se desprende un absoluto rechazo a cualquier clase de justificaci\u00f3n o exculpaci\u00f3n de las acciones prohibidas por el art\u00edculo 3 del Convenio, al tratarse de una prohibici\u00f3n absoluta. Se trata de un delito imprescriptible que no es amnistiable. Sobre la imposibilidad de amnistiar por el delito de torturas y otros atentados contra la integridad moral, se pronunci\u00f3 el Comit\u00e9 de Derechos Humanos. Observaci\u00f3n General 20, que reemplaza a la observaci\u00f3n general 7, prohibici\u00f3n de la tortura y los tratos o penas crueles. (Art\u00edculo 7) apartado 15.<\/p>\n\n\n\n

Tampoco deben amnistiarse las detenciones ilegales practicadas por funcionarios sin causa por delito y fuera de los supuestos legales, as\u00ed como el espionaje policial, la infiltraci\u00f3n de polic\u00edas con identidad falsa en colectivos independentistas, o las agresiones sexuales cometidas por polic\u00edas infiltrados enga\u00f1ando a sus v\u00edctimas. Una vez descartada la amnist\u00eda de estos hechos, excepcionalmente podr\u00edan amnistiarse los comportamientos de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hayan causado lesiones no graves concurriendo la eximente incompleta de cumplimiento de un deber. Es decir, aquellos casos en los se dan los requisitos esenciales de tal causa de justificaci\u00f3n: elemento subjetivo de justificaci\u00f3n, congruencia, oportunidad, pero falta la proporcionalidad.  Se aplicar\u00eda entonces \u00fanicamente a aquellos supuestos en los, ex ante<\/em>, era necesario en abstracto el empleo de cierta fuerza, pero, en concreto, la violencia policial empleada fue desproporcionada. Tal hecho ser\u00eda amnistiable \u00fanicamente cuando el funcionario realiza la conducta en un procedimiento de investigaci\u00f3n o de impedimento de la realizaci\u00f3n de cualquier hecho vinculado a la defensa o ejercicio del derecho de autodeterminaci\u00f3n de Catalunya. <\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

[1]<\/a> Se ha llegado a decir que tampoco la esclavitud est\u00e1 prevista en la Constituci\u00f3n y a nadie se le ocurr\u00eda interpretar que  tal figura puede legalizarse. Un discurso tramposo que olvida que, aunque la Constituci\u00f3n no habla de la esclavitud, \u00e9sta es contraria a los tratados internacionales ratificados por Espa\u00f1a. Luego no podr\u00eda legalizarse nunca al amparo del art\u00edculo 10.2 CE.<\/p>\n\n\n\n

[2]<\/a> Vid. Instrumento de Ratificaci\u00f3n del Convenio sobre Traslado de personas condenadas de 21 de marzo de 1983. Art\u00edculo 12.  \u201cCada parte podr\u00e1 conceder el indulto, la amnist\u00eda o la conmutaci\u00f3n de la pena de conformidad con su Constituci\u00f3n o normas jur\u00eddicas\u201d. La Decisi\u00f3n Marco 2008\/909\/JAI del Consejo, 27 de noviembre 2008. Art\u00edculo 19. \u201cPodr\u00e1n conceder amnist\u00eda o indulto tanto el Estado de emisi\u00f3n como el Estado de ejecuci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

[3]<\/a> Vid. Resoluci\u00f3n de Naciones Unidas de 2009; Comisi\u00f3n de Derechos Humanos de 8 de febrero de 2005 sobre amnist\u00eda y libertad de opini\u00f3n y expresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

[4]<\/a> Tesis ratificada en el voto particular emitido por Juan Antonio Xiol y Mar\u00eda Luisa Balaguer a STC 122\/2021. Apartado. 13. i), ii).  Seg\u00fan estos magistrados, el objetivo de Jordi Cuixart \u201cno era  propiciar un levantamiento social que posibilitara la declaraci\u00f3n de independencia de Catalu\u00f1a, fuera de los cauces y procedimientos constitucionales, sino presionar al Gobierno de la Naci\u00f3n para la negociaci\u00f3n de una consulta popular\u201d.<\/p>\n\n\n\n

[5]<\/a> Cfr. Apartado 12.5.1.2. STC 121\/2021.  En el apartado 17.5.2 confirma que \u201cno puede quedar amparado en una causa de exclusi\u00f3n de la antijuricidad el ataque concertado a las bases constitucionales del sistema, vali\u00e9ndose para ello de una multitud de personas convocadas para obstaculizar el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional y que son movilizadas para hacer posible una votaci\u00f3n declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a\u201d.<\/p>\n\n\n\n

[6]<\/a> Ambas SSTC cuentan con el voto particular en contra de Juan Antonio Xiol y Mar\u00eda Luisa Balaguer que denuncian la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental de reuni\u00f3n, al sancionar de manera desproporcionada la extralimitaci\u00f3n del derecho generando un efecto desaliento; asimismo, interpretan que una sanci\u00f3n tan desorbitada lesiona el derecho a la legalidad sancionadora con relaci\u00f3n a los derechos a la libertad personal, libertad ideol\u00f3gica y de reuni\u00f3n. Cfr. Apartado 1 del Voto particular a STC 121\/2021.<\/p>\n\n\n\n

[7]<\/a> Un autor franquista, Teruel Carralero,  dec\u00eda que la sedici\u00f3n no militar era un fantasma que cruzaba por el c\u00f3digo penal com\u00fan sin dejar huella. El delito de sedici\u00f3n impropia\u201d. ADPCP, 1966, fasc\u00edculo 1, p. 68. Esta frase dej\u00f3 de ser cierta el d\u00eda en que se dict\u00f3 la sentencia 459\/2019, 14 de octubre 2019  (refrendada por las SSTC 121, 122\/2021), pues se manipul\u00f3  el delito de sedici\u00f3n como un supuesto de \u201cdeslealtad constitucional\u201d. <\/p>\n\n\n\n

[8]<\/a> Cfr. Informe de Indulto, citado, pp. 14 y 15.<\/p>\n\n\n\n

[9]<\/a>  La actuaci\u00f3n pac\u00edfica de Jordi S\u00e1nchez y Jordi Cuixart fue subrayada espec\u00edficamente en sendos votos particulares a las SSTC 121\/2021 y 122\/2021, de 2 de junio, por Juan Antonio Xiol  y Mar\u00eda Luisa Balaguer. Apartado 12. ii).b. STC 121\/2021 y apartado 13 de STC 122\/2021.<\/p>\n\n\n\n

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