Cultura de calidad: un diseño del capital humano

La necesidad de una política de convergencia europea en educación viene siendo un objetivo de los distintos países que componen la Comunidad. Actualmente pasa por la reorganización de la formación cualificada como elemento fundamental del valor añadido en la zona euro. Para lograrlo se apuesta por un sistema educativo con mecanismos internos de autoevaluación y con un diseño, según se justifica, adecuado para el acceso al control externo de la calidad. La «cultura de la calidad», se nos dice, es condición de ese plus de valor en la competitividad, que Europa puede ofrecer a la economía global.

La reconversión de los «recursos humanos» se está haciendo con dos grandes instrumentos: uno jurídico y otro teórico. El primero toma como modelo la Norma ISO que estandariza el funcionamiento de las organizaciones, para reducir la potestad y competencias del Estado Social de Derecho, garante de la ley e imponer, mediante instituciones supranacionales, comandadas por comisiones técnicas opacas, las directrices un cierto modelo para el desarrollo de la educación, la sanidad y los servicios en general. Se lleva a cabo de este modo, una homogeneización a golpe de normas contractuales elevadas a rango de ley y un desmantelamiento del Estado, permitiendo la demolición de las prácticas «anticuadas» (administración, sanidad, cultura, educación), para sustituirlas por las «buenas prácticas». Se erige así el gran monumento fúnebre, unívoco y monolítico a la cultura: eficiencia para el beneficio, McDonald’s para los «servicios» escolares, culturales, etc.

La susodicha “cultura de la calidad” está basada en una conjunción teórica artificiosa (ciencia cognitiva + gerencialismo) que promueve el control en la utilidad y el uso del “capital humano”, olvidando la particularidad irreductible del individuo. Ese olvido denunciado por toda clase de instituciones psicoanalíticas, va de la mano de una supresión de la capacidad de decisión del sujeto en  todos los ámbitos.

España, como muchos otros países -tras la larga marcha y toma del poder por la experticia-, cree ver en ese proceso de “adaptación”, basado en los sistemas de evaluación de la calidad y capitaneado por las agencias, la única posibilidad para la cualificación competitiva de sus profesionales e, igualmente, ve en su inversión en I+D+i la única salida gloriosa. Se cree así, que este esfuerzo de adaptación del “capital humano” bajo unas relaciones supuestamente más competitivas, puede aumentar nuestro pequeño peso en la comunidad europea.

No hay que desestimar este punto de vista. En cierto modo, en el ámbito técnico parece acertado el modelo de control. Los procesos de producción filtrados por la organización derivada de la ISO, es sin duda más eficaz. Montar piezas, monitorizar procesos, pautar, intercambiar, sustituir secuencias cuando no funcionan es un logro del nuevo diseño organizativo. Pero en lo que se refiere a las relaciones humanas no se ve las ventajas. Se desestima iniciativas que no pasen los requisitos de las rejillas para programas, planes, grupos de trabajo, etc. Se condiciona la financiación a dichos filtros, cuyo trasfondo teórico siempre monótono, simplón y corto de miras, cuando no pernicioso.

Pero la idea de que existe una ciencia para convertir en eficiente ese “capital humano”, desde el colegio hasta la fábrica, pasando por el hospital y la oficina, y que dicha ciencia puede pontificar sobre todo lo humano, parece haber alcanzado un cenit difícil de rebajar. La “cultura de la calidad”, esa que apunta a “la excelencia”, parece un talismán empuñado por todos los confesos del progreso. Todas las administraciones, todos los ministerios se saben ya de memoria los requisitos. La TQM, Total Quality Management, basada en la noción empresarial de “gestión”, aparece como un cielo resplandeciente.

Como es natural nadie quiere quedar fuera de foto. Y, tras la transmutación agenciaria del Estado, todas las instituciones, para alivio de ministros que lo encuentran todo ya prediseñado, pugnan por buscarse un hueco y alcanzar diplomas, para así acceder al gran mercado global.

Nuestra legislación viene de largo “recogiendo sugerencias” de esta cultura. No es lugar este para exponer todo el recorrido en Educación, por ejemplo. Pero no hay que ser adivino para saber que este gobierno, como el anterior y el que venga luego, hará –con pequeñas variaciones- lo que el destino le tiene reservado. Y el destino lo resume aquella pequeña guía de 2001^[1], que adaptaba la Norma ISO a educación^[2].

Así de expansiva es la lógica significante cuando hay un vacío. La consecuencia de esta “adaptación” que lo rellena: un desarrollo hasta la asfixia de las normas que deben regir las instituciones. Otra: Esta dinámica normativista ha invadido todo, ha calado en el tejido social, ha llenando de precauciones el sentir común, y está haciendo desaparecer cualquier espontaneidad de las relaciones humanas. Este espíritu “científico” y normativo tiende a convertir las instituciones en partes pertenecientes a un contrato: la institución ofrece el servicio a los clientes, mediante contrato con cláusulas explícitas, y estos son chequeados para medir el grado de satisfacción alcanzado. Y esta satisfacción, que proveniente de un Otro regulador de la demanda, sacia o deseca la savia del sistema. Ese Otro, no es el Otro simbólico de la ley, no es la voluntad popular, ni la general, ni tan siquiera la de los consumidores, sino el lugar opaco y sospechoso desde el que pontifican expertos de mil pelajes, que miden ese grado tan enigmático del deseo.