Náufragos y cofres

Juan Medina

Manifiesto de Motril, 2011

Las “Jornadas Derechos Humanos e inmigración” cumplen diez años, tiempo suficiente para comprobar que las violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes se han instalado tanto en las rutas migratorias como en los países de recepción. El uso demagógico y populista que se ha hecho de las migraciones, entonces cuando Europa estaba en un momento de expansión del ciclo económico llamando contra una supuesta invasión, y ahora culpabilizando a la inmigración de la crisis económica, ha evitado un análisis profundo y serio del fenómeno de las migraciones y las aportaciones que han supuesto estos flujos de personas para Europa, no sólo en términos económicos sino de alteridad cultural y social. Nosotros, desde Motril, hemos intentado completar el análisis riguroso de las migraciones  con una toma de postura de reivindicación del inmigrante y de reconocimiento de sus derechos. La idea inicial de que con integración y con reconocimiento de derechos se vive mejor que con exclusión y violencia sigue vigente.

Este manifiesto surge de la reflexión que a lo largo de estos diez años hemos hecho desde la costa de Granada con el convencimiento de que los derechos humanos  deben situarse en la centralidad del debate sobre las migraciones. Pretende ser una llamada de atención a la opinión pública y a los candidatos de los distintos partidos y agrupaciones electorales ante próximas convocatorias electorales para evitar un discurso demagógico y electoralista que culpabilice a los inmigrantes de las situaciones de crisis y  carencias sociales. Los discursos punitivos y excluyentes contribuyen a fomentar la xenofobia y el racismo y crean situaciones sociales de violencia en las ciudades imposibles de manejar. En definitiva, como hemos reiterado en muchas ocasiones, pretendemos que la cultura de la frontera (en sentido simbólico) no triunfe frente a la cultura de los derechos humanos. El manifiesto tiene diez puntos:

1º- La universalidad de los derechos humanos– La titularidad de los  derechos humanos pertenece a todas las personas independientemente de su origen nacional. Estos derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, son universales y no se pueden convertir en algo graciable, que dependa de la liberalidad de los países de recepción.

2º- Europa y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos-Europa debería evitar que las normas de extranjería de la Unión europea y de sus países miembros dejen vacíos de contenido los Tratados Internacionales sobre derechos humanos.

La apuesta por mecanismos de exclusión que la Unión Europea está haciendo nos sitúa en una posición de retroceso respecto de los derechos que están reconocidos en los Tratados Internacionales y afecta negativamente a las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. La aprobación hace casi tres años de la Directiva de Retorno (directiva de la vergüenza) que apuesta por el internamiento y la expulsión de los inmigrantes irregulares supone un paso atrás de gigante en el tratamiento de las migraciones y crea espacios ajenos al derecho incompatibles con el Estado de Derecho.

Las expulsiones colectivas de personas que se han llevado a cabo desde algunos Gobiernos y que son acordadas por algunos juzgados están prohibidas en Europa por las normas nacionales e internacionales y hace irreconocible esa idea de “espacio privilegiado para la esperanza humana” que dice el preámbulo del tratado de Lisboa.

3º- Derechos laborales- La crisis económica no puede convertirse en un pretexto para recortar derechos a los trabajadores migrantes. Estos son titulares de derechos exigibles ante los poderes del Estado, entre ellos el de  sindicación.

La propaganda que se basa en la afirmación de que los derechos son escasos y que se pueden restringir a los “no nacionales” es la antesala de la xenofobia y el racismo.

Desde aquí queremos hacer un llamamiento a los poderes públicos para ratificar el Convenio de Naciones Unidas sobre derechos de los trabajadores migrantes y sus familias.

4º- Los centros de internamiento de extranjeros como espacios ajenos a las sociedades democráticas- Los centros de internamiento de extranjeros, donde se ingresa a los originarios de países no pertenecientes a la Unión Europea que se encuentran en situación irregular, son una contradicción en las sociedades democráticas. La indefinición del carácter de estos lugares de “no derecho” hace que sean lugares propicios para prácticas contrarias a los derechos humanos. Su propia existencia refleja el recurso a una especie de limbos jurídicos (tan frecuentes en materia de extranjería) que difuminan la claridad de los derechos. En nuestro país se agrava cuando el recurso al internamiento deja de ser algo excepcional y se convierte en la medida habitual para aquellos extranjeros que se encuentran en situación irregular.

Mientras persistan estos centros es preciso que se incremente al control judicial y social (presencia de organizaciones de derechos humanos y de  apoyo a los inmigrantes) sobre los mismos para evitar prácticas contrarias a los derechos humanos.

 5º- Sobre el acceso al padrón municipal- Las administraciones públicas tienen obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud y a la educación de todas las personas, incluidos los inmigrantes. Para garantizar estos derechos es precisa la inscripción en el padrón municipal.

Las políticas que por la vía de hecho (legalmente no se puede privar a los extranjeros del empadronamiento en el municipio donde residen) son contrarias a los mínimos principios democráticos y fomentan la exclusión.

Supeditar la inscripción a mecanismos como contratos, test cívicos o similares, exclusivos para inmigrantes, tiene un alto contenido segregador y  contribuye a la exclusión.

Una campaña electoral planteada en estos términos llevará necesariamente a tener municipios con dosis de violencia intolerables.

6º-Contra el discurso del odio en las campañas electorales- Los partidos políticos deben rechazar introducir en sus programas y discursos planteamientos xenófobos. Azuzar el miedo a lo diferente en una campaña electoral en busca de importantes caladeros de votos puede tener réditos electorales pero igualmente llevará a una sociedad inmanejable donde la violencia sea una forma de expresión de las diferencias políticas. Deben trasmitirse que hay unas fronteras (aquí sí)  éticas y de dignidad humana que no pueden traspasarse.

Utilizar al inmigrante como culpable de los riesgos e inseguridades que generan nuestras sociedades globalizadas es una forma de extender la discriminación, la xenofobia y el racismo.

Por un discurso de integración y de convivencia de los candidatos a los cargos municipales– Queremos hacer un llamamiento a las agrupaciones políticas que concurren a las elecciones municipales para que eviten la demagogia y el populismo con la inmigración.  Esto es  especialmente exigible cuando la mayoría de los migrantes no se les reconoce el derecho a la participación a través de las elecciones municipales. Con reconocimiento, con integración se vive mejor que con exclusión y violencia. Por eso es contradictorio exigirles un plus de integración, como los denominados contratos de integración, cuando los limites en las sociedades democráticas están en la aplicación de la ley.

8º- Protección para los menores extranjeros- Todas las Administraciones Públicas están obligadas a dar protección a los menores extranjeros independientemente de la forma en la que hayan entrado en el territorio nacional. Al menor extranjero que se encuentra en nuestro territorio sin la protección de ningún familiar o adulto responsable de su cuidado le ampara un único estatuto jurídico, que es el determinado por las normas nacionales e internacionales de protección a la infancia, al ser preferente su condición de menor sobre la del origen nacional.

La internacionalización de los derechos de los menores de edad, tradicionalmente uno de los colectivos más vulnerables y explotados especialmente en las épocas históricas de desplazamientos o migraciones masivas, ha convertido en obligación jurídica, y no sólo moral y política, de todos los Estados la de prestar asistencia y protección a los menores de dieciocho años. Las repatriaciones de los menores sólo podrán acordarse en interés del menor y valorando el consentimiento del mismo. En ningún caso se puede acordar la expulsión por aplicación de la legislación de extranjería.

9º- Contra los controles policiales indiscriminados de extranjeros- Los controles de identificaciones de ciudadanos extranjeros basados en “perfiles étnicos o raciales” han supuesto en la práctica detenciones masivas e indiscriminadas con restricción de los derechos de esos grupos de extranjeros.

Apoyamos la recomendación de la ONU que interesa a España la revisión de la circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que regula el tratamiento policial de los ciudadanos extranjeros.

10º- Conclusión: Que la cultura de la frontera no triunfe sobre la cultura de los derechos humanos- Este manifiesto parte del convencimiento de que las políticas coyunturales de las fronteras no aportan soluciones duraderas a la gestión de los flujos migratorios, formados por grupos de personas víctimas del denominado “efecto huida” que vienen huyendo del hambre, la persecución política o los desastres ecológicos. En este sentido debe reclamarse una toma de postura conjunta de la UE para las personas que están llegando a Europa desde el norte de África como consecuencia de las revoluciones y conflictos armados que se están dando actualmente en sus países. Son refugiados, huyen de un conflicto y, por tanto, tienen derecho a que se les reconozca la condición de refugiados.

Motril, abril 2011

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